La ofensiva judicial de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación contra el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres alcanzó nuevas cabezas con la privación de la libertad de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes terminaron trasladados esta semana al búnker del ente acusador en Bogotá tras una orden de captura que engrosa la lista de políticos, altos funcionarios y contratistas procesados, entre los que destacan los expresidentes del legislativo Iván Name y Andrés Calle, así como los exdirectivos Olmedo López y Sneyder Pinilla.
La Sala Especial de Instrucción del alto tribunal ordenó la medida de aseguramiento contra Manzur, del Partido Conservador, y Manrique, representante por las curules de paz, por el delito de cohecho impropio. Los legisladores terminaron recluidos tras entregarse a las autoridades para responder por su presunta participación en el desvío de recursos públicos y la recepción de beneficios a cambio de favores políticos.
Manzur se pronunció en sus plataformas digitales horas antes de su reclusión oficial y aseguró que enfrentará el proceso con entereza. “Tengo la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”, afirmó el político. Por su parte, la defensa de Manrique explicó que la congresista viajó desde Arauca para ponerse a disposición de la justicia y enfatizó que “vinimos a presentarnos voluntariamente confiando en Dios y en que hemos hecho todo en el marco de la ley”.
El desplome judicial de esta semana revivió el sismo institucional de mayo de 2025, cuando las autoridades capturaron a Iván Name y Andrés Calle, entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. La Corte Suprema los investigó y privó de la libertad por presuntamente recibir miles de millones de pesos de la entidad de emergencias a cambio de impulsar reformas gubernamentales en el Capitolio.
Durante el operativo en su residencia en el norte de Bogotá, Name anticipó su futuro judicial y sentenció ante los presentes que “no sé si mañana vuelva”. Calle abandonó abruptamente un debate legislativo al conocer la orden en su contra y posteriormente se entregó, mientras su equipo jurídico emitió un documento donde reafirmó su inocencia y su disposición de colaborar con el esclarecimiento de los hechos.
El escándalo golpeó directamente al gabinete presidencial con la orden de captura intramural dictada a finales de 2025 contra los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior. Un tribunal los envió a la cárcel tras señalarlos como piezas clave para presuntamente comprar votos parlamentarios con dineros de la entidad.
A este grupo del Ejecutivo se sumó la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, detenida por su rol como emisaria de los pagos ilícitos. Por su parte, el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y exjefe de Inteligencia, Carlos Ramón González, huyó de Colombia y se radicó en Nicaragua.
El aparato criminal funcionó bajo las órdenes del exdirector de la entidad, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla, quienes terminaron en una guarnición militar y delataron a sus cómplices.
Las autoridades también capturaron a su círculo de confianza, integrado por el exsubdirector Luis Carlos Barreto Gantiva, el exasesor jurídico Pedro Andrés Rodríguez Melo y el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey. El desvío de los fondos se materializó a través de empresarios como Luis Eduardo López Rosero, conocido como ‘El Pastuso’, condenado a prisión por las irregularidades.
La Procuraduría General destituyó a las cabezas de la entidad tras comprobar millonarios sobrecostos y concluyó que con su comportamiento “desconocieron los principios de moralidad, eficacia y economía que rigen la función pública”.
Información de Colprensa.