En medio de la alerta que expidió la Contraloría General de la Nación tras revelar un aumento significativo en la contratación directa durante enero de 2026, justo antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías por le Gobierno de Petro, se conoció nueva polémica.
Esta vez, la Fiscalía General de la Nación puso bajo la lupa una serie de contratos suscritos por RTVC que, en conjunto, suman cerca de 23.000 millones de pesos y que habrían beneficiado a un maquillador y un fotógrafo presuntamente vinculados a la atención de la ex primera dama, Verónica Alcocer.
De acuerdo con la documentación revelada por Semana, los contratos fueron celebrados a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), bajo la modalidad de administración delegada.
“La persona mencionada estuvo vinculada en el marco de los contratos celebrados bajo la modalidad de administración delegada con la Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video (Savi), en los contratos suscritos con dicha entidad, conforme a los periodos contractuales y fechas que se relacionan”, respondió RTVC tras responder un derecho de petición.
Entre los nombres mencionados aparecen el maquillador Fady Javier Flórez y el fotógrafo Mauricio Vélez, quienes habrían estado vinculados contractualmente con la cooperativa y no directamente con RTVC. Según la entidad, los servicios se enmarcaron en los contratos suscritos con Savi y se ajustaron a los periodos establecidos.
Los primeros acuerdos se firmaron en septiembre de 2022, pocas semanas después de la posesión del presidente Gustavo Petro, y a partir de esa fecha, se habrían suscrito varios contratos que incluyeron servicios de fotografía y maquillaje en distintos periodos, algunos montos fueron de 8.000 y 7.341 millones de pesos, y en conjunto con otros contratos, elevaron la cifra total a casi 23.000 millones.
El profesor y experto anticrimen financiero Juan Carlos Portilla presentó una denuncia en la que advierte posibles irregularidades en el uso de la modalidad de administración delegada.
“Esta figura, al reducir la transparencia y el control sobre la contratación, abre la puerta a posibles indicios de corrupción, pues se convierte en un mecanismo para direccionar recursos hacia contratistas específicos, beneficiando intereses particulares en detrimento del principio de igualdad y de la finalidad pública de la contratación estatal”, dijo Portilla al medio citado anteriormente.
La investigación también revisa un convenio interadministrativo entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y RTVC, a partir del cual se habría estructurado la cadena contractual.
“El análisis tipifica el delito de estafa, y se extiende a la evaluación de posibles delitos conexos y responsabilidades administrativas, considerando la posible utilización del nombre y la investidura de la ex primera dama Verónica del Socorro Alcocer García para beneficiar a terceros mediante la contratación pública”, señaló Portilla en su denuncia ante la Fiscalía.