La congresista Lina María Garrido lanzó una alerta pública sobre un decreto que el Gobierno nacional busca expedir y que, según ella, pondría en riesgo el ahorro pensional de millones de colombianos.
Garrido explicó que el decreto en discusión incluye una contribución de recursos por parte de los fondos de pensiones privadas y obliga a que una mayor proporción de esos recursos se invierta en Colombia, en lugar de permitir que parte de los activos se coloquen en mercados internacionales.
Actualmente, la inversión en el extranjero, por ejemplo, en dólares, es una estrategia común para diversificar portafolios, reducir riesgos y maximizar la rentabilidad de los ahorros pensionales.
Según la representante, esta obligación de invertir en el país elevaría el riesgo de menor rentabilidad para los afiliados, ya que históricamente las inversiones locales generan retornos más bajos y mayor exposición a riesgos asociados a factores internos. Esta situación advirtió, podría traducirse en pensiones más bajas o incluso en la incapacidad de muchos afiliados para alcanzar su pensión prevista.
Garrido se refirió directamente al presidente, señalando que “Petro lo va a dejar sin pensión”, en alusión a la obligación de invertir los recursos en instrumentos nacionales, lo que, en su concepto, dañaría el rendimiento del ahorro individual que cada trabajador ha acumulado a lo largo de su vida laboral.
La advertencia se produce en medio de un debate más amplio sobre el alcance y las repercusiones de las modificaciones propuestas al régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias, incluidas preocupaciones de gremios financieros acerca de los límites a las inversiones en el exterior y su impacto en la rentabilidad futura de los afiliados
Hasta el momento, el Gobierno nacional no se ha pronunciado directamente sobre las declaraciones de Lina María Garrido. Sin embargo, el sector económico recuerda que las autoridades han argumentado la necesidad de que una mayor parte de los recursos se inviertan en proyectos productivos locales para fortalecer el desarrollo económico interno y apoyar sectores estratégicos.
Mientras tanto, el planteamiento de Garrido intensifica un debate más amplio sobre el futuro del sistema pensional colombiano y la tensión entre la seguridad del ahorro individual y los objetivos de política pública dirigidos al desarrollo económico nacional.
Cabe mencionar que aunque el sistema pensional colombiano tradicionalmente exige cumplir con la edad y un número mínimo de semanas cotizadas para acceder a una pensión de vejez, la legislación vigente también contempla una serie de beneficios accesibles para quienes hayan cotizado un año o más, incluso si no cumplen con todos los requisitos para obtener una pensión formal.
Estos beneficios buscan proteger a los trabajadores que no alcanzan las semanas necesarias, otorgando mecanismos de respaldo económico según lo previsto en la normativa actual.