El Gobierno colombiano se pronunció frente a las denuncias de presuntas violaciones a los Derechos Humanos y al debido proceso que habrían sufrido ciudadanos colombianos detenidos en Venezuela.
La respuesta oficial se dio luego de que se hicieran públicos, a través de medios de comunicación, varios testimonios de familiares que alertaron sobre posibles malos tratos, incomunicación prolongada y condiciones irregulares de reclusión de estas personas en territorio venezolano.
La posición del Ejecutivo fue expuesta por el viceministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Jaramillo Jassir, quien aseguró que desde la Cancillería se vienen adelantando gestiones consulares permanentes para atender los casos denunciados y que existe un seguimiento constante a la situación de los colombianos privados de la libertad en el vecino país.
De acuerdo con el funcionario, estas acciones hacen parte de un trabajo sostenido que busca acompañar tanto a los detenidos como a sus familias.
Jaramillo explicó que uno de los ejes centrales de la labor consular ha sido mantener una comunicación directa y continua con los familiares de los detenidos. Según señaló, la Cancillería ha procurado informar de manera permanente sobre las gestiones que se realizan y sobre los canales diplomáticos que se han activado para atender las denuncias recibidas.
“Nosotros hemos insistido en la gestión consular, hemos hecho un trabajo que ha consistido, primero, en una comunicación constante con las familias, informándoles sobre lo que como Cancillería hacemos”, afirmó Jaramillo.
Esta interlocución indicó, ha permitido conocer de primera mano los señalamientos que hacen las familias respecto a posibles irregularidades durante los procesos de detención.
El viceministro reconoció que los testimonios trasladados a las autoridades colombianas contienen acusaciones graves relacionadas con presuntas vulneraciones al debido proceso y malos tratos.
Frente a este panorama, Jaramillo, afirmó que el Gobierno colombiano ha adelantado gestiones diplomáticas sobre Venezuela, que incluyen diálogos y presiones formales para que se esclarezcan las denuncias.
Según explicó, estas acciones buscan determinar si efectivamente se han presentado violaciones a los derechos de los detenidos, tal como lo han manifestado sus allegados, y conocer las condiciones reales en las que se encuentran recluidos.
“Hemos negociado, hemos hecho presión sobre las autoridades venezolanas para verificar lo que las familias nos han transmitido, que es una serie de denuncias respecto a violaciones al debido proceso y maltratos, es lo que las familias nos han dicho”, explicó.
Como parte de estas gestiones, el funcionario reveló que la Cancillería presentó una propuesta de carácter humanitario ante el Gobierno de Venezuela. Esta iniciativa tiene como objetivo establecer una guía que permita mejorar las condiciones de reclusión de los colombianos detenidos y garantizar, al menos, un conjunto básico de garantías durante su permanencia en los centros de detención.
Entre los puntos planteados se encuentra la posibilidad de asegurar una comunicación constante con sus familias y la verificación periódica de su situación.
De acuerdo con Jaramillo, la propuesta ya fue trasladada formalmente a las autoridades venezolanas y, en este momento, el Gobierno colombiano se encuentra a la espera de una respuesta. Mientras tanto, insistió en que las gestiones no se han detenido y que el acompañamiento a los casos continúa de manera activa.
Finalmente, el viceministro reiteró que el Gobierno no ha abandonado a los colombianos detenidos en Venezuela y subrayó que la protección de los derechos de los connacionales en el exterior constituye una prioridad de la política exterior.
Según concluyó, la Cancillería seguirá trabajando por los derechos de la colectividad colombiana en todos los escenarios donde se reciban quejas o denuncias por parte de familiares, reafirmando su compromiso con la defensa de las garantías fundamentales de los ciudadanos.
“No hemos bajado los brazos. Para nosotros, los derechos de los colombianos en el exterior son una prioridad y siempre trabajamos por los derechos de la diáspora en todos los escenarios donde recibimos quejas de familiares”, concluyó Jaramillo.