El Gobierno nacional anunció un nuevo paso en la lucha contra los cultivos ilícitos con la implementación de la fumigación con glifosato a través de aspersión terrestre mediante drones, una estrategia que, según el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, busca reducir riesgos para la fuerza pública y golpear de manera directa a las estructuras criminales que instrumentalizan a la población campesina.
La fumigación con glifosato se hará efectiva en aquellos lugares en donde estas organizaciones criminales se apropien de las tierras de las comunidades y las obliguen a sembrar cultivos ilegales como la hoja de coca.
El jefe de la cartera de Justicia explicó que el Comité Interinstitucional para la Aspersión Terrestre (PECAT) aprobó oficialmente el uso de drones para esta técnica, dejando claro que no se trata de aspersión aérea, sino de un procedimiento terrestre con control visual permanente. De acuerdo con el ministro, esta precisión es clave para despejar dudas en la opinión pública sobre el alcance y las características del método.
Idárraga señaló que, tras la aprobación del comité, el acta fue remitida a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), entidad que deberá otorgar la autorización final para iniciar las operaciones. El Gobierno espera que esta aprobación se dé en el transcurso de la semana, lo que permitiría comenzar la fumigación a más tardar la próxima semana.
El inicio de esta estrategia está previsto en el departamento del Cauca, una de las regiones más afectadas por los cultivos de hoja de coca y la presencia de estructuras criminales. El ministro enfatizó que la intervención no se realizará en territorios étnicos, lo que elimina la necesidad de procesos de consulta previa y busca evitar controversias jurídicas y sociales.
Según explicó Idárraga, el uso de drones permitirá mitigar los riesgos a los que se enfrentan los policías que realizan la erradicación manual, al tiempo que se fortalece la capacidad del Estado para combatir a las organizaciones ilegales que presionan a los campesinos a sembrar coca.
La definición exacta de las zonas a intervenir quedará en manos de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos, que será la encargada de establecer el orden y los territorios específicos de la operación.
Con esta decisión, el Gobierno apuesta por una modalidad que combina tecnología, control operativo y enfoque territorial, en medio del debate nacional sobre las políticas de erradicación de cultivos ilícitos y sus impactos sociales, ambientales y de seguridad.