El departamento de La Guajira enfrenta un nuevo caso de corrupción, que afecta especialmente a la primera infancia y las mujeres gestantes de los grupos étnicos y las comunidades rurales en Riohacha y Manaure.
Tras una investigación liderada por la Fiscalía General de la Nación, se pudo descubrir que tres contratos destinados a la atención de estas poblaciones vulnerables habrían sido direccionados presuntamente por un grupo de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) junto con varios particulares.
Las indagaciones permitieron establecer que los convenios, firmados entre febrero y diciembre de 2019, tenían como finalidad la prestación de servicios de atención integral, incluyendo el suministro de alimentación para niños, niñas y mujeres gestantes pertenecientes a comunidades étnicas y rurales de estos municipios.
Según los hallazgos de la Fiscalía, el proceso contractual habría estado marcado por un “entramado” que terminó concentrando la contratación en favor de determinados intereses.
En ese contexto, la seccional del Icbf en La Guajira suscribió los contratos con una asociación privada encargada de ejecutar los programas dirigidos a la población vulnerable, bajo un enfoque diferencial.
No obstante, durante la ejecución de los convenios se habrían presentado irregularidades. De acuerdo con el material probatorio recopilado por los investigadores, los supervisores de los contratos habrían avalado actas de revisión y al menos 12 pagos que incluían sobrecostos en favor de la empresa contratista, representada por Rosidis Barliza Rivera.
Las actuaciones estaban respaldadas en facturas y cuentas de cobro que figuraban a nombre de Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira y Pedro Pablo Romero Pinilla, quienes aparecían como proveedores de productos perecederos, carnes y verduras.
Las pruebas técnicas y documentales recopiladas dentro del proceso indican que esos documentos reflejaban incrementos inusuales en los precios de los alimentos y en el valor de las raciones suministradas.
Presuntamente, esta información habría sido utilizada para inflar los reportes financieros presentados ante el Icbf y así solicitar desembolsos superiores.
Como resultado de estas maniobras, el aumento en el costo del servicio de alimentación habría provocado un detrimento patrimonial superior a los 860 millones de pesos.
Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional La Guajira imputó, según la presunta participación individual, los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
En el proceso fueron vinculados los exfuncionarios del Icbf Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas, así como los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira, Pedro Pablo Romero Pinilla y Rosidis Barliza Rivera.
Actualmente, la resolución de la situación jurídica de los procesados se encuentra pendiente de ser definida por un juez de control de garantías.