Así fue como los paras al mando de Mancuso intentaron exterminar la identidad cultural del pueblo Wayúu en La Guajira

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla determinó que el Frente Contrainsurgencia Wayúu de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) no solo ejecutó una campaña de exterminio físico, sino que desplegó una estrategia de persecución y destrucción cultural contra esta etnia indígena, al atacar sus medios de subsistencia y sus símbolos sagrados con el objetivo deliberado de borrar su identidad en el departamento de La Guajira.

El fallo judicial, de más de 600 páginas, estableció un precedente al legalizar cargos contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por el delito de “actos de discriminación racial”, en concurso con homicidio y desplazamiento. La magistratura concluyó que los paramilitares no solo buscaban el control territorial, sino la aniquilación del tejido social Wayúu mediante el robo y destrucción de sus elementos más representativos.

La sentencia documentó la incursión armada a la Ranchería Manaki, en Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En este episodio, el Tribunal detalló cómo los hombres bajo el mando de Mancuso “destruyeron y se apropiaron de bienes y enseres” que tenían un significado vital para la comunidad. El inventario de lo destruido, citado textualmente en el expediente, incluyó “20 chinchorros doble faz, 37 chinchorros sencillos, 15 mochilas, 18 sombreros y 25 mantas bordadas”.

Para la Sala de Justicia y Paz, estos despojos no fueron hurtos comunes. El fallo explicó que dichos objetos “constituyen un medio de subsistencia de los pueblos indígenas Wayúu y tienen un especial significado como símbolo de cultura”, por lo que su destrucción sistemática configuró un ataque directo a la existencia misma de la etnia.

Ahorcado en una palma

La decisión judicial también relató episodios de extrema crueldad destinados a sembrar el terror y someter a la población por su condición étnica. Uno de los casos más dramáticos reconstruidos en el fallo fue el homicidio de Mom Pushaine Ipuacea, perpetrado el 3 de enero de 2003 en la Ranchería Paguasira, en Maicao.

Según la investigación validada por el Tribunal, miembros de las AUC hurtaron animales de granja de la víctima. Cuando Pushaine intentó recuperar su sustento, “fue agredido a golpes, lo ahorcaron y dejaron su cuerpo sin vida amarrado a un árbol de palma”. La sentencia señaló que este crimen provocó el desplazamiento forzado de su núcleo familiar, quienes debieron abandonar sus tierras y medios de trabajo ante la violencia ejercida contra su comunidad.

El Tribunal Superior de Barranquilla evidenció que el hurto de ganado caprino no tenía fines meramente económicos para los paramilitares, sino que funcionó como una herramienta de “perturbación del orden cotidiano” y restricción de alimentos para hambrear a los indígenas.

El documento judicial citó el caso de Adelaida del Carmen Mejía Ojeda, atacada en la finca La Zapata, en el corregimiento de Matitas. Los paramilitares le hurtaron “tres vacas paridas, tres novillas, 12 chivos y un caballo”, además de despojarla de sus collares tradicionales. La sentencia concluyó que estas acciones obligaron a los sobrevivientes a huir, rompiendo sus vínculos ancestrales con el territorio.

Finalmente, la Sala reconoció que el daño causado trascendió lo individual y afectó la estructura espiritual de la etnia. El fallo explicó que la violencia paramilitar interrumpió rituales sagrados como el “segundo entierro” y debilitó la figura del “palabrero”, causando un “trauma generacional” que aisló culturalmente a las nuevas generaciones de Wayúu.

Con información de Colprensa