Los familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el menor de siete años que falleció el pasado 13 de febrero de 2026 mientras esperaba un tratamiento para la hemofilia, interpusieron una demanda contra la Nación por presuntas fallas en la atención en salud.
Alrededor de once familiares del menor (madre de Kevin, sus dos hermanas, su abuela materna y otros familiares de segundo grado de parentesco) interpusieron una demanda por más de 1.800 millones de pesos, argumentando irregularidades en el proceso de atención del pequeño en la Nueva EPS.
El abogado William Mejía, quien está acompañando y asesorando a la familia del menor en la acción judicial, explicó que la demanda busca una reparación económica por los perjuicios materiales y psicológicos que, según el núcleo familiar, se derivaron de omisiones en la prestación del servicio y la falta de acceso oportuno a los medicamentos que requería el niño.
Ante el caso, la Procuraduría General de la Nación ya anunció una audiencia de conciliación entre las partes demandadas y los representantes de la familia del menor.
“Se solicita, como base conciliatoria, el reconocimiento del perjuicio material derivado del truncamiento de la vida productiva del menor y de la pérdida de ayuda económica futura que, según el caso ordinario de las cosas, habría podido proyectar hacia su familia”, se lee en la cita de conciliación.
Según los representantes legales, en el expediente se documentan los traslados constantes, interrupciones en la atención médica y la falta de una institución prestadora de salud asignada con el pequeño.
Asimismo, se registran múltiples solicitudes elevadas ante entidades como la Nueva EPS, la Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud, las cuales no habrían adoptado medidas efectivas para garantizar la continuidad del tratamiento.
Cabe recordar que, por el caso, la Procuraduría General de la Nación estableció que el fallecimiento del menor ocurrió por negligencia de la Nueva EPS al no garantizar la entrega oportuna del medicamento preventivo para su hemofilia severa.
Según la investigación, la omisión médica se derivó de la falta de pagos a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que dejó a la víctima sin atención asignada durante dos meses y que hoy mantiene en riesgo vital a otros 2000 pacientes en el país.
El informe revelado por el Ministerio Público sobre las circunstancias del deceso del menor determinó que la falta de suministro del tratamiento conocido como Emicizumab puso al niño en una “situación clínica crítica”.
En medio de las disputas legales, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, responsabilizó al sistema por incumplir sus obligaciones constitucionales de cuidado.
*Con información de Colprensa.