Baja ejecución de recursos y retraso en la implementación de la Ley de Víctimas y en los Decretos Ley Étnicos fueron las principales conclusiones de un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría, y entregado al Congreso de la República.
El documento aseguró que aunque los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y Rrom o gitano en Colombia han sido afectados de manera aguda y diferencial por las dinámicas del conflicto armado, su atención ha sido insuficiente.
“Se han destinado más de $13 billones a la política de víctimas étnicas entre 2016 y 2025, pero la falta de ejecución de los recursos, como lo demuestran los $1,5 billones que no se usaron en 2024, evidencia fallas en la gestión y retrasa el cumplimiento de los compromisos con estas comunidades”, precisó el informe.
Según cálculos de las tres entidades, se necesitarían alrededor de $101,1 billones a precios constantes de 2025 para la implementación de medidas de reparación integral para el período 2025 – 2031.
El informe explicó que uno de los obstáculos para la atención efectiva es la debilidad en la adecuación institucional.
“La mayoría de las entidades carecen de unidades especializadas y personal capacitado en derechos étnicos. Esto se refleja en sistemas de información deficientes que no capturan adecuadamente las realidades de cada pueblo, dificultando la planificación, ejecución y el seguimiento de las políticas públicas con enfoque diferencial étnico”, dijo un aparte del estudio.
Añadió que la participación de las comunidades se ve limitada por la falta de conectividad, transporte y mecanismos de diálogo intercultural efectivo en una gestión de resultados.
“La reparación colectiva no ha logrado un gran alcance, solo finalizaron tres de 826 planes activos en 13 años. Además, la cifra de acciones por implementar asciende a 13.428, lo que equivale al 78,44 % del total. Esto contradice los principios de oportunidad y enfoque transformador que orientan la reparación. La atención humanitaria, los retornos y las reubicaciones también muestran un panorama preocupante, con 240 planes existentes aprobados hace más de una década que no se han materializado”, señaló el informe.
Agregó que hay atraso en la restitución de tierras y limitada cobertura de vivienda con pertinencia cultural son otros desafíos importantes.
“Actualmente, existe un rezago del 80 % en órdenes judiciales, lo que demanda coordinación urgente entre la Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- y las autoridades étnicas para garantizar títulos colectivos, cartografía pertinente y uso productivo del territorio”, subrayó.
En cuanto a la prevención y protección, el informe indicó que la concentración de riesgos en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca exige protocolos diferenciales concertados, el fortalecimiento del gobierno propio y sus sistemas de protección, a través de las guardias indígenas y cimarronas, y la incorporación obligatoria de las Alertas Tempranas en los estudios de riesgo.