Por medio de un mensaje en su cuenta de X, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado de atención sobre la situación de peligro que enfrentan algunas zonas del país actualmente. Según indican, dichas zonas están ubicadas en los municipios de Santa Rosa del Sur y Montecristo y los corregimientos de La Marizosa, San Lucas, Canelos, Villa Flor, Fátima y Buena vista, en el departamento de Bolívar.
"Desde hace aproximadamente doce días, al menos 5000 personas se encuentran confinadas, sin acceso a alimentos, combustibles ni transporte, como consecuencia del paro armado declarado por el Ejército de Liberación Nacional –ELN– y la presencia del Clan del Golfo”, indican.
Además se menciona el secuestro de cuatro personas en esta zona del país.
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo reiteró su apoyo a la población del municipio de Santa Rosa, en su reclamo por el respeto a la vida y al Derecho Internacional Humanitario, ambos en grave peligro debido a las acciones que estos grupos al margen de la ley realizan en el territorio y que sumen en la angustia y la zozobra a sus habitantes.
“Instamos a los grupos armados ilegales para que cesen inmediatamente toda conducta que ponga en riesgo la vida, la integridad de la población civil, sus bienes y afecte su movilidad”, exige la Defensoría.
En su llamado, el ente público pide una respuesta inmediata y coordinada por parte del gobierno nacional, especialmente de la Unidad de Víctimas, para que se garanticen las medidas necesarias con las autoridades territoriales con el fin de brindar la urgente atención humanitaria que las comunidades en esta zona del país requieren.
“En la Defensoría del Pueblo seguiremos adelantando las acciones de acompañamiento y gestión en el marco de esta crisis, con el compromiso frente a la promoción y protección de los derechos de la población afectada”, concluye el comunicado.
Cabe añadir que los hostigamientos a poblaciones en los territorios, así como las órdenes de confinamientos derivadas de toques de quedas impuestos por integrantes de grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc han aumentado en los últimos años, como resultado de la guerra que estas organizaciones ilegales sostienen por el poder territorial de grandes enclaves cocaleros y de tráfico ilegal de especies, oro y madera, actividades que constituyen sus principales fuentes de financiación y por las cuales las poblaciones son cada vez más afectadas a lo largo y ancho de Colombia.