La Corte Suprema de Justicia volvió a pronunciarse sobre el proceso judicial relacionado con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en las playas de Barú, tras admitir una acción de tutela presentada por Margareth Chacón, condenada a 35 años de prisión por su participación en el crimen. La decisión fue adoptada por el magistrado Fernando Augusto Jiménez, integrante de la Sala de Casación Civil del alto tribunal.
Con la admisión de la tutela, la Corte abrió el estudio de los argumentos presentados por la defensa de Chacón, quien busca que se tumbe la sentencia en su contra.
En el recurso, la condenada sostiene que durante el proceso judicial se habrían vulnerado sus derechos fundamentales, al considerar que el fiscal del caso, Mario Burgos, presuntamente ocultó pruebas y miles de documentos relevantes dentro del expediente.
Según el escrito de tutela, la omisión en la entrega completa de información habría afectado de manera directa la posibilidad de ejercer una defensa adecuada. En el documento, Chacón argumenta que la supuesta falta de revelación de pruebas favorables comprometió la equidad del proceso y puso en entredicho la justicia de la decisión adoptada, al basarse, según su postura, en un acervo probatorio incompleto o manipulado.
Cabe destacar que, la ahora condenada fue sentenciada tras comprobarse su participación activa en la planeación del homicidio. Pues de acuerdo con las decisiones judiciales, Chacón asistió al menos a cuatro reuniones clave entre el 5 y el 8 de mayo de 2022, en las que se definieron aspectos logísticos y financieros del asesinato del fiscal paraguayo.
Uno de esos encuentros se llevó a cabo en Medellín y los otros tres en Cartagena, ciudad donde Pecci se encontraba de vacaciones junto a su esposa.
Dentro de los elementos que sustentaron la condena, también se estableció que el arma utilizada para cometer el crimen fue trasladada a Cartagena en una camioneta de propiedad de Chacón, en compañía de los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, reconocidos narcotraficantes que también fueron condenados por su responsabilidad en el caso.
Al admitir la tutela, el magistrado Jiménez no solo vinculó a todas las partes procesales y a los jueces que conocieron del expediente, sino que además solicitó el acceso completo al expediente del caso Pecci, como parte del análisis que deberá realizar la Corte. El futuro de esta acción constitucional se conocerá una vez el alto tribunal, retome actividades tras la vacancia judicial.
¿Ya se ha intentado tumbar la condena contra Chacón?
Es importante mencionar que, esta, no es la primera vez que la defensa de Margareth Chacón intenta revertir la condena. Pues en junio de este mismo año, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda presentada por sus abogados, en la que sostenían que la Fiscalía,“infló” los cargos en su contra y que la evidencia permitía calificar la conducta de Chacón como la de una cómplice de homicidio simple, argumentando que no se aclaró una supuesta coautoría impropia.
En ese entonces, el magistrado Carlos Roberto Solórzano desestimó esa tesis y concluyó que, aunque Chacón no disparó el arma, sí tuvo una participación determinante en la ejecución del crimen.
La sentencia precisó que la condena obedeció a su rol dentro del subgrupo encargado de la ‘gerencia’ del plan criminal, lo que implicó contacto directo con el articulador del homicidio y control permanente sobre las acciones de los demás implicados.
Además, se estableció que Chacón participó en la búsqueda y seguimiento de la víctima y alertó a los sicarios sobre la necesidad de ejecutar el ataque antes de que finalizara el viaje de Pecci.