Corte Suprema de Justicia niega tutela y ratifica condena de 35 años contra Margareth Chacón por caso del fiscal Pecci

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela interpuesta por Margareth Chacón, con la que buscaba anular la condena de 35 años de prisión en su contra y rehacer el juicio por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo de 2022 en Barú.

El alto tribunal rechazó la solicitud con la que la condenada pretendía dejar sin efectos la sentencia que la responsabilizó por su participación en el homicidio del fiscal paraguayo. Con esta determinación, se mantiene en firme la pena de 35 años de prisión impuesta en su contra.

Argumentos de la defensa

En el recurso de diciembre del 2025, Margareth Chacón sostuvo que durante el juicio se habrían afectado sus derechos fundamentales. Según su planteamiento, el fiscal del caso, Mario Burgos, presuntamente ocultó pruebas y miles de documentos relevantes que hacían parte del expediente.

De acuerdo con el escrito de tutela, esa supuesta omisión habría impactado directamente la posibilidad de ejercer una defensa adecuada. La condenada argumentó que la falta de revelación completa de información comprometía la equidad del proceso y ponía en duda la justicia de la sentencia, al considerar que esta se habría sustentado en un acervo probatorio incompleto o manipulado.

Pese a estos señalamientos, la Sala de Casación Civil determinó que no había lugar a conceder el amparo constitucional solicitado. Cabe mencionar que Chacón fue sentenciada tras establecerse su participación activa en la planeación del homicidio de Marcelo Pecci, asesinado en mayo de 2022 en las playas de Barú.

¿Cuál fue su papel en el caso?

Según las decisiones judiciales, Margareth Chacón asistió al menos a cuatro reuniones clave entre el 5 y el 8 de mayo de 2022, en las que se definieron aspectos logísticos y financieros del crimen. La sentencia precisó que su rol se enmarcó dentro del subgrupo encargado de la “gerencia” del plan criminal.

Aunque no fue quien disparó el arma, los jueces concluyeron que tuvo una participación determinante en la ejecución del homicidio, mantuvo contacto directo con el articulador del ataque y ejerció control permanente sobre las acciones de los demás implicados.

Además, se estableció que participó en la búsqueda y seguimiento de la víctima y que alertó a los sicarios sobre la necesidad de ejecutar el atentado antes de que finalizara el viaje del fiscal paraguayo.

De igual forma, aparte de su intento en diciembre del 2025, en junio del mismo año la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema rechazó otra demanda presentada por sus abogados, quienes sostenían que la Fiscalía había “inflado” los cargos y que la conducta debía calificarse como complicidad en homicidio simple.