Una de las más recientes sentencias de la Corte Constitucional tiene que ver con los padres de familia o los adultos mayores que son abandonados por sus propios hijos, con el fin de que no sean vulnerados sus derechos.
En ese sentido, el alto tribunal en su fallo puso en estudio la situación de unos adultos mayores que fueron víctimas del abandono, ya que sus hijos y demás familiares argumentaron que no tenían los recursos económicos para ayudar con su subsistencia. Frente a esto, las autoridades competentes no emitieron alguna respuesta.
La sentencia SU-367 de 2025 expuso dos casos en los que adultos mayores fueron abandonados por sus hijos y no tenían recursos económicos para sobrevivir. Por lo tanto, la Corte señala que los abandonos o la necesidad de cuidado de adultos mayores no deben ser solucionados solamente con internarlos en hogares geriátricos o centros médicos.
“Una política pública adecuada debe priorizar alternativas de vida en comunidad, que no representen un riesgo ni para las personas beneficiarias ni para su entorno, que distribuyan de manera justa las responsabilidades con las familias y, sobre todo, que reconozcan y respeten la capacidad de las personas para decidir sobre su propia vida”, se lee en uno de los párrafos del fallo constitucional.
Además, reiteró que las instituciones del Estado tienen la obligación de llevar a cabo planes de desinstitucionalización, con el fin de dar garantías a los derechos de estas personas. Las acciones deben tener un enfoque en:
- Recuperación de la autonomía, capacidad de elección y control de personas. Decisiones y preferencias deben ser respetadas.
- Promoción de la participación de la familia, dejando a un lado los roles que perpetúen segregación o medicalización.
- Constituir sistemas de apoyo comunitario.
- Tener el respaldo de entidades estatales, con el fin de que brinden los servicios que se consideren necesarios.
Asimismo, el alto tribunal advirtió que las autoridades correspondientes están en su deber de llevar a cabo “gestiones activas” para contactar a los familiares de los adultos mayores para que puedan dar a conocer las razones por las que no están en su capacidad de “asumir funciones de cuidado o apoyo”.
De hecho, esta responsabilidad no solamente es de la familia, sino también del Estado y la sociedad colombiana.
“La Corte considera imprescindible llamar la atención de las autoridades nacionales y territoriales encargadas de liderar y articular la Política Nacional de Cuidado, para que adopten, con carácter prioritario, acciones orientadas a garantizar procesos efectivos de desinstitucionalización y a promover modelos de cuidado basados en la comunidad”, agregó la sentencia SU-367 de 2025.
Finalmente, la Corte Constitucional dio la orden a las autoridades de ejecutar políticas contundentes para el cuidado de los adultos mayores.