Una buena nueva recibieron las personas con discapacidad en Colombia luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional diera vía libre, de manera condicionada, a varias disposiciones de la Ley 2418 de 2024, normativa que establece medidas para garantizar el acceso de esta población a empleos públicos mediante concursos de mérito.
Con la determinación, el alto tribunal amplió el alcance de las medidas de inclusión contempladas en la ley y concluyó que limitar estos beneficios únicamente al sistema general de carrera administrativa representaba una omisión legislativa relativa.
Según explicó la Corte, esa restricción dejaba por fuera, sin justificación, a ciudadanos con discapacidad que también aspiran a cargos dentro de regímenes especiales y específicos de carrera administrativa del Estado.
La Ley 2418 de 2024 contempla mecanismos como la reserva de plazas en concursos públicos, gratuidad en las inscripciones y la obligación de realizar ajustes que permitan garantizar condiciones reales de igualdad durante los procesos de selección.
En el análisis realizado por el tribunal se reiteró que, aunque el mérito continúa siendo el eje central para el acceso al empleo público, el Estado tiene además la obligación constitucional de remover las barreras estructurales que históricamente han limitado la participación de las personas con discapacidad en este tipo de convocatorias.
Con esta decisión, las medidas de accesibilidad deberán aplicarse en todos los concursos de ingreso y ascenso pertenecientes a sistemas especiales y específicos de carrera administrativa.
La sentencia fue recibida positivamente por distintos sectores relacionados con la administración pública y los procesos de selección estatal.
A propósito, Sixta Zúñiga Lindao, presidenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc), destacó el alcance jurídico y simbólico de la decisión y aseguró que la inclusión no puede entenderse como una actuación discrecional de las entidades públicas, sino como una obligación constitucional.
Actualmente, la Cnsc adelanta trabajos de adaptación sobre la plataforma del Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (Simo) con el propósito de garantizar condiciones de accesibilidad total para los usuarios que participen en concursos públicos de ingreso y ascenso.
El objetivo, según se conoció, es que cualquier ciudadano pueda acceder a las convocatorias estatales independientemente de sus limitaciones físicas o cognitivas, garantizando condiciones de participación equitativas dentro de los procesos de ingreso y ascenso al servicio público.
La decisión también obligará a que distintas oficinas de talento humano y entidades pertenecientes a regímenes especiales actualicen manuales de funciones y procedimientos relacionados con contratación y selección de personal.