La Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud al considerar que no ha cumplido de manera integral las órdenes para reajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Hay que mencionar que dicha situación, podría derivar en sanciones disciplinarias y penales contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, en caso de que persista el incumplimiento mencionado.
Postura del alto tribunal
La Corte dio apertura a un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud y Protección Social por el presunto incumplimiento de la UPC, el valor que el Estado reconoce a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para garantizar la prestación de los servicios incluidos en el plan de beneficios.
La determinación fue adoptada por la Sala de Seguimiento a la Sentencia encargada de vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales en materia de salud y quedó consignada en un auto firmado por el magistrado Carlos Camargo.
En el documento, el alto tribunal expone que persisten dudas sobre el cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas al Ministerio, encabezado por Guillermo Alfonso Jaramillo.
“Advertir al ministro de Salud y Protección Social que el incumplimiento de estos requerimientos dará lugar a la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia”, se puede leer en el documento.
Según el análisis, también se evidencian falencias en la entrega oportuna y completa de la información necesaria para verificar si el monto fijado cubre realmente los costos de los servicios de salud incluidos en el plan de beneficios. Esta situación, impediría a la Corte ejercer un control efectivo sobre el cumplimiento de sus decisiones.
Crisis en la salud
Este nuevo revés para el Ministerio de Salud surge en un contexto en el que organizaciones como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) han expuesto la necesidad de un aumento significativo de la UPC, planteando que el reajuste debería estar entre el 15.6 % y el 17.33 % para cubrir adecuadamente los costos del sistema.
Teniendo en cuenta que la discusión sobre la suficiencia de la UPC ha sido uno de los puntos centrales del debate en el sector salud, en medio de tensiones entre el Gobierno, los prestadores y las EPS.
La decisión del alto tribunal añade un nuevo capítulo a este escenario y pone bajo escrutinio directo el cumplimiento de las órdenes judiciales por parte del Ministerio de Salud.