Problemas estructurales en la planeación, contratación y ejecución de proyectos relacionados con los Planes Departamentales de Agua (PDA), que muestran que esta política no ha sido efectiva, encontró la Contraloría General de la República al hacer las auditorías de estos planes en los departamentos de Antioquia, Santander, Guainía, Guaviare, Bolívar y Sucre.
La entidad hizo 14 hallazgos fiscales por más de $14.298 millones, en el primer semestre de 2025.
La Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico ya había auditado los planes de otros departamentos desde 2020, año en que fueron creados, y se habían hecho hallazgos fiscales por encima de $259.460 millones.
Los Planes Departamentales de Agua (PDA) nacieron como una estrategia para cerrar brechas de acceso al agua potable y saneamiento básico, especialmente en las zonas rurales y más vulnerables, pero, según la Contraloría, no se ha alcanzado el objetivo.
Actualmente, la cobertura de acueducto en las ciudades de Colombia supera el 92%, mientras que en áreas rurales apenas llega al 43.38%, y más de 10 millones de colombianos carecen del servicio.
En cuanto a alcantarillado, en el sector rural la cobertura no alcanza ni el 16%, un 70% menos que la urbana.
Alrededor del 12,5% de los municipios del país no están vinculados a la estrategia de Planes Departamentales de Agua por limitaciones técnicas, de planeación y gestión.
La Contraloría también encontró que los proyectos están distribuidos desigualmente en el país. Mientras en Cundinamarca se reportan más de 1.500, en departamentos como Vichada, Risaralda o Putumayo apenas se presentaron 20. De los 5.281 proyectos reportados, 389 están suspendidos, 29 en litigio jurídico y 8 incumplidos.
Una de las regiones que señala el informe es Antioquia, donde se identificaron hallazgos fiscales por más de $8.700 millones, “reflejando profundas fallas en la planeación, priorización y ejecución de las inversiones”.
“Enn el municipio de Nechí, por ejemplo, se configuró un hallazgo fiscal por $4.987 millones por obras ejecutadas bajo el Contrato 2019-OO-37-0021 que no garantizan la prestación efectiva del servicio de agua potable y saneamiento básico, evidenciando carencias graves en la supervisión y la interventoría”, indicó la Contraloría.
Entre tanto, en Santander se configuraron hallazgos fiscales por más de $2.200 millones. Uno de los más significativos es el del municipio de Curití por $1.314 millones, donde se encontraron pagos por estructuras de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en avanzado estado de deterioro y que ponen en riesgo su operación.
“También, en Florián se estableció un hallazgo por $739 millones puesto que se identificaron pagos por suministros y equipos no instalados. En Barichara, el hallazgo por $175 millones se evidenció por pagos sin comprobación técnica ni funcional”, precisó el ente.
La Contraloría concluyó su comunicado, indicando que se “reitera la urgencia de fortalecer los mecanismos de planeación, control y seguimiento, adoptando enfoques diferenciales y territorialmente pertinentes que permitan cerrar de forma real las brechas de acceso a estos servicios esenciales”.