En la mañana de este jueves, 26 de junio, más de 5.000 personas provenientes de las comunidades campesinas del Cañón del Micay llegaron a El Tambo, Cauca, para protestar por la reciente operación militar en la que capturaron a cerca de 16 personas por su presunta participación en el secuestro de los 57 uniformados del Ejército Nacional en el departamento.
Cabe destacar que la Fiscalía ordenó la libertad de los capturados, ya que el procedimiento no cumplió con los requisitos legales para mantener a dichas personas capturadas.
Pese a esta decisión, las comunidades mantienen su inconformismo. Denuncian que durante el operativo, ejecutado en la vereda Las Fondas, sus derechos fueron violados, porque aparentemente desconocían de esa situación y de igual forma, resaltan que las personas que fueron capturadas, no tenían ningún vínculo con la retención de los militares.
Así que entre las exigencias que tienen, buscan que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa se retracten, ya que los señalamientos del secuestro de los soldados están criminalizando a los campesinos de esta región.
“No tenemos derechos y los pocos que queremos reclamar nos los violan”, se le escucha decir a uno de los manifestantes.
No obstante, las investigaciones continúan y el Ministerio de Defensa reafirmó, por medio de su perfil oficial en X, su postura en el caso e instó a los campesinos de dicho territorio a no participar en actividades que lideren grupos al margen de la ley.
“A las comunidades del Cañón del Micay les decimos: no caigan en el error de dejarse instrumentalizar por quienes buscan enfrentar al pueblo con su Fuerza Pública. Secuestrar soldados o policías no es protesta: es delito”, afirmó el organismo.
De igual forma, expuso que las personas que se sigan los órdenes de grupos armados ilegales, serán judicializados.
“La legalidad no castiga: protege, quien cruce esa línea enfrentará la justicia”, concluyó el mensaje.
El Ejército Nacional destaca que los ciudadanos de esa región son sometidos a presiones ejercidas por el frente disidente Carlos Patiño.
El general Federico Mejía, comandante de la Tercera División, señaló que las autoridades van a referenciar los vehículos que integran la movilización y estos podrán ser judicializados por participar en la misma.
Además del riesgo de alteraciones al orden público, las autoridades locales tienen preocupación por la posibilidad de que se intente bloquear la vía Panamericana, lo que agravaría la ya delicada situación en el suroccidente colombiano.