El Gobierno de Colombia demandó los aranceles del 30 % que Ecuador impuso a productos colombianos. El recurso fue admitido por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), que confirmó el inicio de un procedimiento para determinar si la medida adoptada por Quito constituye un gravamen contrario a la normativa comunitaria.
La solicitud fue presentada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ante la Secretaría General de la CAN, en el marco de lo dispuesto en la Decisión 425. En un comunicado oficial, con fecha de este lunes 16 de febrero de 2026, el organismo regional informó que la petición del Gobierno de Colombia cumple con los requisitos establecidos para su admisión a trámite.
En su respuesta, la CAN señaló que, “en virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Decisión 425”, Colombia solicitó que se califique como gravamen la tasa por servicio de control aduanero impuesta por el Gobierno de la República del Ecuador.
La medida cuestionada corresponde a la Resolución N° SENAE-SENAE-2026-0006-RE, emitida por el Servicio Nacional de Aduana de la República del Ecuador. A través de esta disposición se creó una “tasa por servicio aduanero por concepto de control aduanero” equivalente al 30 % sobre el valor en aduana de las mercancías que provengan o sean originarias de Colombia y que ingresen a territorio ecuatoriano bajo distintos regímenes de importación, salvo las excepciones previstas en la propia resolución.
Según el documento de la Secretaría General, junto con el recurso se adjuntaron copias de la resolución ecuatoriana y del comunicado oficial en el que se informó públicamente sobre la imposición de la tasa. Asimismo, la CAN indicó que el expediente y sus anexos serán puestos en conocimiento de los demás países miembros del bloque andino.
Tras la radicación, la Secretaría General iniciará el procedimiento de investigación previsto en la normativa comunitaria. Durante este proceso podrá solicitar información adicional a las autoridades competentes y practicar las diligencias necesarias para constatar los hechos alegados por Colombia.
La decisión de acudir a la Comunidad Andina se produjo después de una reunión bilateral entre delegaciones de ambos países, convocada con el propósito de superar las tensiones comerciales que dieron origen a la llamada “guerra arancelaria”. Aunque en ese encuentro se acordaron acciones para fortalecer la seguridad fronteriza y la lucha contra el crimen organizado, la delegación ecuatoriana se mantuvo firme en su determinación de no levantar los aranceles.
Ahora, será la Secretaría General de la Comunidad Andina la encargada de analizar si la tasa impuesta por Ecuador se ajusta o no a las disposiciones del ordenamiento jurídico andino.