A la hora de vivir en un conjunto residencial, las personas habitan una propiedad individual con el uso de áreas comunes, por lo que deben acatar normas de convivencia, administración y mantenimiento, con el fin de lograr una convivencia armoniosa.
En medio de las leyes que hay en cuanto a la tenencia de mascotas, el uso de espacios verdes, los parqueaderos, entre otras zonas, surge una duda por el uso de cámaras de seguridad y las responsabilidades que implica.
Frente a esto, la Fiscalía General de la Nación reiteró que el uso de cámaras de seguridad en viviendas y establecimientos no solo contribuye a la protección de bienes y personas, sino que también implica una obligación legal para los propietarios.
El uso de estos artefactos en las viviendas se está volviendo cada vez más popular, ya que captan imágenes y videos que pueden prevenir delitos, monitorear actividades en tiempo real y registrar evidencia visual en hogares y negocios.
Ante las posibles pruebas clave que pueden registrarse dentro de investigaciones judiciales, la entidad afirmó que los dueños de estas cámaras están obligados a colaborar con las autoridades cuando se les requiera el material.
“Grabar espacios públicos o entradas es completamente legal cuando se busca garantizar la seguridad del lugar. (…) Si tienes cámaras de seguridad, úsalas con responsabilidad”, señaló la Fiscalía.
No obstante, recordó que estas grabaciones están sujetas a normas como el Código de Procedimiento Penal y la Ley 1581 de 2012 sobre la protección de datos personales.
“Los ciudadanos pueden ser requeridos por las autoridades judiciales o policiales para entregar grabaciones como prueba”, detalló el ente judicial.
Así que autoridades como la Policía, el CTI o la misma Fiscalía pueden solicitar el acceso a los videos cuando se adelanten investigaciones; en dado caso de negarse a la petición, enfrenta graves consecuencias.
“Negarse a colaborar con una investigación puede considerarse obstrucción a la justicia, especialmente si la información es esencial y ha sido solicitada por un fiscal delegado”, detalló el organismo.
Si la solicitud de la grabación no es urgente, los funcionarios deben contar con la orden de un fiscal delegado.
Asimismo, recomendó no alterar ni eliminar los videos, entregarlos en formatos como USB o en la nube y solicitar un comprobante de recepción. También enfatizó la importancia de no difundir este contenido en redes sociales, ya que podría vulnerar la privacidad de terceros.
Finalmente, la Fiscalía aclaró que la persona no está obligada a entregar material fílmico a “particulares o vecinos”, sin que haya una orden o solicitud judicial.