El exviceministro de Justicia de Colombia Camilo Andrés Rojas alertó sobre los alcances que tendría el Decreto 0888 de 2025 referente a la administración de los bienes que se encuentran bajo poder de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.
A través de su cuenta de X, el exfuncionario mencionó que, tras la expedición del documento, se abre una nueva posibilidad para que el Gobierno Nacional pueda realizar el traslado de bienes inmuebles a cargo de la SAE hacia otras entidades públicas sin que exista ningún tipo de sentencia firme en la extinción de dominio.
Rojas resaltó que este hecho se constituye como un golpe a la seguridad jurídica, considerando que la entrega anticipada de bienes que se encuentran en litigio sin contar con un fallo definitivo podría desencadenar varias demandas en contra del Estado si se encuentra que la actuación no se hizo con algún tipo de sustento.
Otro de los puntos mencionados por el exviceministro de Justicia obedece a la discrecionalidad que tendrán tanto la SAE como el Gobierno para actuar en la entrega de los bienes que sean incautados del narcotráfico.
“Concentración de poder discrecional: La SAE y el Ejecutivo podrán definir qué bienes son ‘estratégicos’ y a quién entregarlos, sin recursos administrativos que permitan cuestionar la decisión (art. 4). Eso es carta blanca para adjudicaciones políticas", mencionó en su cuenta de X.
De igual forma, indicó que el nuevo decreto también excluye la posibilidad de realizar e interponer cualquier tipo de recurso en contra de las actuaciones, lo cual, a su juicio, se traduce en una limitación del escrutinio público.
“Se limpia automáticamente cualquier vicio jurídico en la propiedad, incluso los que aparezcan después de la transferencia. Esto puede legalizar irregularidades sin control judicial efectivo”, expresó Camilo Andrés Rojas.
A su juicio, la nueva normatividad no proporciona un mecanismo transparente, el cual permita hacer un correcto seguimiento a la asignación de los diferentes bienes bajo tutela de la SAE.
“Este decreto crea un mecanismo para redistribuir miles de millones en activos con mínima transparencia, alto riesgo fiscal y enorme potencial de uso clientelista”, enfatizó.
Alerta por un posible retroceso
En su análisis, el exviceministro de Seguridad, Camilo Andrés Rojas, manifestó que el Decreto 0888 de 2025 también desarticula uno de los instrumentos que el Estado había creado para luchar en contra del narcotráfico: el Frisco.
“El Frisco se diseñó como un fondo autosostenible que, a través de la SAE, administra, rentabiliza y destina los bienes incautados al crimen organizado. Con este decreto, los activos estratégicos podrán ser transferidos anticipadamente a entidades públicas, incluso antes de que haya sentencia definitiva”, expuso.
El Gobierno Nacional, desde la SAE u otra entidad, no ha hecho pronunciamiento alguno sobre estos señalamientos hasta el momento.