La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representante de la familia de Miguel Uribe Turbay, manifestó su rechazo a la declaratoria de insubsistencia del mayor (r) Javier González Gutiérrez, quien se desempeñaba como juez 1201 Penal Militar de Conocimiento Especializado y recientemente decretó la preclusión de la investigación adelantada contra Víctor Gómez, jefe del esquema de protección del entonces precandidato presidencial.
A través de un comunicado divulgado este 23 de junio, la firma aseguró que la medida genera preocupación por sus posibles implicaciones sobre la independencia judicial.
“Como apoderados estamos plenamente comprometidos en adelantar todas las acciones tendientes al esclarecimiento y determinación de los responsables de este magnicidio. Resulta jurídicamente inaceptable que, en un escenario procesal que exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional, fuera declarado insubsistencia un Juez de la República, una hora después de concluida la audiencia en que se resolvió precluir la investigación por atipicidad”, señaló el despacho de abogados.
Según el comunicado, durante la audiencia el juez concluyó que el oficial investigado “desplegó múltiples acciones para garantizar la seguridad del protegido pese a las limitaciones operativas, la escasez de personal y un esquema reducido”.
Asimismo, indicó que el funcionario judicial habría señalado que “la responsabilidad principal recae sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP), al evidenciar dificultades logísticas y limitaciones en los recursos asignados al esquema, responsabilidad que debe ser definida por la justicia ordinaria”.
Cuestionamientos sobre la decisión
En el mismo pronunciamiento, la firma recordó que la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación por el delito de prevaricato por omisión contra el director de la UNP, Augusto Rodríguez, “proceso dentro del cual, coincidencialmente fue retirada la imputación el mismo día en que se presentó la solicitud y a la fecha no ha sido programada nuevamente”.
“Resulta de especial gravedad que el Juez asegurara la existencia de una relación directa entre la decisión judicial y la medida administrativa que determinó la insubsistencia; estas actuaciones representan vulneraciones a la seguridad jurídica y la independencia judicial”, afirmó la firma.
Finalmente, los representantes de la familia reiteraron su compromiso con la búsqueda de verdad y justicia en el caso.
“Reiteramos que nuestra lucha por la memoria y el legado de Miguel Uribe Turbay no dará tregua, pero siempre se enfatizará en el respeto de las garantías e independencia de los servidores judiciales”, concluye el comunicado.
El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ocurrió el 11 de agosto de 2025.