El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, junto a sus ministros, firmó 11 decretos dentro de la emergencia económica y social que tendrán como objetivo atender todos los efectos ocasionados por el devastador terremoto de 7.4 de magnitud del pasado 10 de agosto.
Esta medida se anunció a pocas horas de que se cumpla un mes de esta tragedia natural que en el territorio nacional ha dejado más de 300 muertos.
En ese sentido, el primer decreto declara la creación del Fondo Milagro, que cumplirá con la misión de canalizar y administrar los recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. Los recursos reunidos serán del presupuesto nacional, donaciones, créditos, regalías y aportes territoriales o privados.
El segundo decreto se trata de la creación de 17 medidas financieras, administrativas e institucionales con el propósito de que sean fortalecidas las capacidades de respuesta tanto de los gobernadores como de los alcaldes. En otras palabras, estos mandatarios regionales podrán girar dinero a las zonas golpeadas por el sismo.
El jefe de Estado también dio a conocer la autorización temporal de recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Infraestructura (Fondes) destinados a garantizar la prestación del servicio de energía en las zonas donde la infraestructura resultó afectada por el terremoto.
A esto se sumó la puesta en marcha de una modalidad especial de Obras por Impuestos, orientada a movilizar la capacidad de ejecución del sector privado para atender los daños del sismo, bajo la premisa de que “el Estado, las regiones y los empresarios tenemos que trabajar juntos para reconstruir a nuestro país”.
Otras dos medidas contemplan la habilitación de inversiones interjurisdiccionales —que permitirán a una entidad territorial financiar proyectos fuera de su propia jurisdicción durante la emergencia— y un régimen especial y temporal para el tratamiento de información estadística reservada por parte del Dane, con el fin de fortalecer los procesos de atención y reconstrucción.
De La Espriella dio especial énfasis a la educación, al señalar que “la prioridad del Gobierno es que ningún niño o joven tenga que dejar de estudiar como consecuencia del terremoto”.
Frente a lo anterior, autorizó de manera temporal el desarrollo de actividades académicas en espacios distintos a las sedes oficiales en los lugares donde las edificaciones escolares resultaron muy afectadas, mientras se recupera la infraestructura.
En cuanto al sistema de salud e infraestructura hospitalaria, se encuentra el Decreto 1383, que otorga unos 30 días hábiles para que sean acreditados los requisitos y 45 días hábiles para que sean solicitados el retiro de recursos del Fondo Nacional de Pensiones Territoriales (FONPET).
Al cierre de su intervención, el Presidente afirmó que la emergencia “nos está demostrando que somos capaces de trabajar juntos” y sostuvo que “los colombianos nos hemos forjado en medio de la adversidad”.