Video | Así pidió perdón Juliana Guerrero por sus actos de corrupción: “Presentarme como víctima”

Juliana Guerrero aceptó que se equivocó al incurrir en irregularidades para obtener el título profesional con el que buscaba ocupar el cargo de viceministra de la Juventud durante el gobierno de Gustavo Petro. La declaración la hizo en medio de la audiencia en la que aceptó cargos.

“No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones. Pido perdón al país, a mi familia, a quienes confiaron en mí, a los jóvenes que alguna vez me vieron como referente y a la Fundación San José”, dijo Guerrero.

Aunque la joven mencionó que su intención no era hacer daño, eso no implica que no sea responsable de lo que hizo. También dijo que haber cometido un error no la define como persona.

A cambio de su aceptación de cargos, Guerrero podría obtener una rebaja de pena, que le permitiría pagar 36 meses de prisión, igual pena a la que recibió Luis Carlos Gutiérrez, quien fue el secretario general de la Fundación San José para la época de los hechos.

Según el expediente, el señor Gutiérrez fue quien autorizó la expedición de los títulos universitarios de Juliana Guerrero, pese a que ella no cumplía con los requisitos para acceder al diploma y al acta de grado.

Al momento de ser consultada por el juez sobre los acuerdos a los que estaba llegando con la Fiscalía, afirmó que los cargos los aceptó de manera libre y sin que otras personas la presionaran.

“Admitir que realicé fraude procesal en la medida de actualizar mi hoja de vida en el Sigep (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público) y presentar los documentos al Ministerio de Igualdad para quedar con la posibilidad de aspirar al cargo de viceministra de Juventudes, su señoría. Entonces, ahí, en la medida en que yo realicé esa actividad fraudulenta, fue donde se materializó el fraude procesal”, detalló Guerrero durante la audiencia.

De otro lado, Guerrero enfrenta otro proceso en su contra por posible ofrecimiento a empresarios de intervenir, a cambio de cuantiosas sumas de dinero, para que les fueran asignados contratos en el Ministerio de Vivienda y otras entidades.

Tras las revelaciones hechas por la revista Semana, la Fiscalía abrió una investigación, pero aún no la ha llamado a imputación de cargos.

Con base en consignaciones y mensajes, el medio citado mostró cómo supuestamente se fijaban tarifas y se cobraba una comisión del 10 % sobre el valor final de los contratos, por la gestión e intermediación con altos funcionarios del Gobierno.

*Con información de Colprensa y redacción de El País