En medio del impacto social y económico que dejaron los atentados terroristas en la capital vallecaucana, el Concejo de Cali abrió el debate sobre la posibilidad de otorgar alivios tributarios a las familias y comerciantes directamente afectados.
La iniciativa fue presentada por los concejales Ana Leidy Erazo Ruiz y Carlos Andrés Arias Rueda, quienes plantearon al alcalde Alejandro Eder Garcés la necesidad de radicar un proyecto de acuerdo que contemple beneficios en el Impuesto Predial Unificado (IPU) y en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA).
Erazo Ruiz enfatizó que los inmuebles residenciales golpeados por la explosión del camión bomba cerca de la Base Aérea deberían quedar exonerados del predial, mientras que los locales comerciales que resultaron destruidos o con graves daños reciban suspensión del cobro de ICA.
“Con esta medida estaríamos abordando el problema que generó el terrorismo de manera más estructural”, sostuvo la cabildante.
Por su parte, Arias Rueda propuso un esquema más amplio de exoneraciones, que cubriría las vigencias 2025 a 2028 con un descuento del 100%, seguido de una reducción progresiva para los años 2029 (70%), 2030 (50%) y 2031 (30%). “El objetivo es dar un periodo real de recuperación y que en 2032 los afectados vuelvan a pagar impuestos en su totalidad”, explicó.
La petición se produce a pocos días de cumplirse dos semanas del atentado del 21 de agosto, cuando un camión cargado con explosivos estalló frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, dejando siete personas muertas, 70 heridas y decenas de comerciantes damnificados.
El caso no solo expuso la vulnerabilidad en materia de seguridad, sino también las huellas que deja el terrorismo en la vida económica de las comunidades. Comerciantes del sector reportan pérdidas millonarias y aseguran que las pólizas y ayudas inmediatas no alcanzan para cubrir los daños.
El debate tributario coincide con la revelación de nuevos detalles sobre la investigación. El País informó que entre los capturados se encuentra Walter Yonda Ipia, señalado como uno de los responsables del ataque y quien sería hijo de Anderson Yonda Canas, alias Pepo, un excombatiente del Frente Sexto de las extintas Farc con un amplio prontuario judicial.
Alias ‘Pepo’ estuvo implicado en la fabricación de carros y motos bomba y pasó en varias ocasiones por las cárceles de Santander de Quilichao, Popayán y Villahermosa en Cali. De acuerdo con fuentes de inteligencia, se habría hecho pasar como desmovilizado para acercarse a la Fuerza Pública y obtener información sensible.
La conexión entre los antecedentes criminales de alias ‘Pepo’ y la participación de su hijo en el atentado refuerza la preocupación de las autoridades por la persistencia de redes violentas en el suroccidente del país. Mientras tanto, en el Concejo avanza la discusión sobre cómo aliviar la carga económica de quienes resultaron golpeados por el terrorismo.