El anuncio de invertir, por parte de la administración local, $421 millones en la remodelación del Centro de Administración Local Integrada, CALI, de la Comuna 8, ubicado en el barrio Las Américas, lejos de alegrar a la comunidad, ha generado polémica.
Los ediles y habitantes de esta zona rechazan la iniciativa, pues consideran que destinar recursos a una construcción prefabricada con más de tres décadas de antigüedad sería un “paño de agua tibia” que no soluciona la precariedad en la prestación de servicios.
El edificio actual fue construido como una solución provisional. “Era una estructura prefabricada diseñada solo para dos años”, dice la edil Karen García. “Se fue prolongando y así quedó esto por 35 años que llevamos”, añade.
Los líderes comunales insisten en que invertir en remodelaciones es un desperdicio de recursos. Piden que se construya una sede multipropósito en terrenos alternativos, como el antiguo edificio del Seguro Social en Villa Colombia, lo que permitiría prestar de manera integral los servicios que un CALI debe ofrecer: Sisbén, atención al cliente y recaudo de Emcali, Inspección de Policía, atención al adulto mayor, ventanilla única, facturación de predial, Fiscalía, Personería, entre otros.
La edil asegura que las propuestas no solucionan los problemas de fondo: “Le quieren invertir en techo, piso y pintura. Pero quedaría siendo lo mismo: un espacio reducido y riesgoso”. Incluso recuerda que ya existe un diagnóstico que advierte la gravedad: “Le hicieron un estudio de riesgo y el techo está en riesgo de colapsar”.
Más allá de lo estructural, García insiste en la falta de condiciones para trabajar. Explica que los ediles sesionan lunes, martes y miércoles, pero en ocasiones ni siquiera es posible que se reúnan por temas de seguridad, debido a los ataques a los CAI de la Policía, uno de los cuales queda justo al lado de la edificación.
Además, las limitaciones del espacio obligan a horarios poco convenientes: “Si los funcionarios están en la mañana, nosotros tenemos que sesionar en la noche porque no cabemos”.
Las diferencias con otras comunas, señala García, son claras. Mientras otros ediles en Cali pueden sesionar en auditorios, sentados cómodamente en sillas, alrededor de una mesa y con aire acondicionado, ella y los otros ocho ediles deben hacerlo en un espacio reducido, sin esas facilidades y hasta con zancudos molestándolos.
“Cuando yo era pequeña, venía con mi abuela a pagar los servicios acá. Si mi abuela hoy quisiera pagar los servicios, tendría que dirigirse a un centro comercial”, recuerda García, y agrega que ahora la comunidad, para enterarse de algo tan básico como una jornada de salud de la Secretaría, debe desplazarse hasta el CAM.
El juez de paz Julián Sánchez, quien lleva ocho años trabajando en el CALI 8, describe la situación como un retroceso. Explica que, tras una remodelación de hace aproximadamente dos años, el centro quedó en peor estado. “Antes estaba en mejor condición. No había goteras, y después de la famosa remodelación, ahora no le caben las goteras”, comenta.
Su crítica no se limita a lo estructural y advierte sobre el desmonte de servicios clave. “Aquí había banco, ventanilla única, atención al adulto mayor, incluso Secretaría de Salud”.
La pérdida de estos espacios, asegura, nunca tuvo justificación para una comunidad tan numerosa. “Tuve una pequeña disparidad de conceptos porque no entendí cómo era posible que a la Comuna 8, que maneja a casi 100.000 habitantes, le quitaran el servicio de adulto mayor”.
Hoy, las consecuencias se sienten en el día a día de los vecinos. “A la gente de la Comuna 8 le está tocando ir a pagar servicios públicos a CALI 4”, lamenta Sánchez.
¿Qué dice el Distrito?
La secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Maritza Aponzá Zapata, afirmó que el CALI “se encuentra en operación y prestando los servicios a la comunidad”.
Explicó que se han realizado mesas de trabajo con los ediles, quienes manifestaron sus inquietudes por los espacios reducidos e insuficientes de la infraestructura.
Sobre las alternativas de traslado, Aponzá indicó que se evaluaron opciones como el terreno del ‘antiguo Seguro Social’, para lo cual se solicitó a la Unidad de Bienes y Servicios revisar esa posibilidad. Pero el equipo jurídico concluyó que la titularidad del inmueble no se encuentra acreditada en el Registro de Instrumentos Públicos y Privados, “situación que hace imposible la inversión para habilitar la edificación al ser un bien privado o ‘ajeno’ a este organismo”.
Aun así, precisó que “la Secretaría se encuentra coordinando con la comunidad unas visitas a las sedes comunales de la Comuna 8, que sean de su competencia, para evaluar la pertinencia de una posible reubicación”. Y, si esa opción no prospera, añadió que “se generarán propuestas de redistribución de espacios para su debida concertación con los actores involucrados”.