El personero Distrital de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, expresó su preocupación por la decisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de reducir sus operaciones en Colombia a partir de 2026 debido a ajustes globales en su presupuesto humanitario.
El CICR confirmó esta semana que cerrará sus sedes en Pasto, Apartadó, Bucaramanga y Cali, concentrando las actividades de esas oficinas en Cúcuta y Popayán. El anuncio implica un recorte del 30 % en los recursos asignados al país.
La reestructuración se deriva de la reducción de fondos globales para la acción humanitaria, que ha obligado a la organización a priorizar zonas con conflictos de mayor gravedad, como Gaza, Ucrania y Sudán.
Mendoza consideró la noticia como “lamentable”, especialmente por el momento crítico que atraviesa la región Pacífica, donde persisten graves afectaciones humanitarias y de seguridad en departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
“Que el Comité Internacional de la Cruz Roja tenga que cerrar sus oficinas justamente en momentos en que el conflicto armado se ha intensificado, aunado al preocupante aumento en los casos de reclutamiento forzado de menores de edad y atentados contra instalaciones policiales, militares y civiles, no deja de ser angustiante y de desvelo”, afirmó.
Según el personero Mendoza, la decisión se da en un contexto de recrudecimiento del conflicto y de incremento de vulneraciones a comunidades rurales y urbanas, lo que hace aún más necesaria la labor humanitaria del organismo.
“Es necesario fortalecer los esfuerzos interinstitucionales y humanitarios para proteger a las comunidades más afectadas, a fin de garantizar que ninguna de ellas quede desamparada ante la violencia y el accionar de grupos al margen de la ley, que traen consigo por demás, vulneraciones de derechos, específicamente en lo referente al Derecho Internacional Humanitario en estos tiempos de recrudecimiento del conflicto que se sufre en esta Nación”, se lee en el comunicado de la Personería.
Según un informe publicado en marzo de este año por el propio Comité, Colombia vivió en 2024 la peor situación de humanitaria desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
El CICR explicó que el recorte presupuestal para 2026 obliga a la entidad a reorganizar su presencia en el país y reenfocar sus actividades de asistencia. En el caso del suroccidente colombiano, la reubicación del centro de operaciones en Popayán permitirá coordinar la asistencia para la región Pacífica.
La decisión se produce en medio de una disminución sostenida de recursos: solo en 2024 el presupuesto global del CICR se redujo en un 13 %, y otros organismos humanitarios también han sufrido recortes, como los derivados de la suspensión de ayudas de USAID.