Emcali decidió suspender temporalmente el proceso de contratación de la segunda fase de modernización del alumbrado público.
La decisión se tomó tras recibir nuevas observaciones de la Procuraduría, mientras avanza una investigación.
Medidas y avance del proceso
Emcali explicó que recibió un documento emitido el pasado 28 de noviembre por la Procuraduría General de la Nación con observaciones y recomendaciones sobre el trámite.
“En cumplimiento de los principios de transparencia y responsabilidad institucional, Emcali ha decidido suspender temporalmente el avance del proceso mientras analiza, responde y ajusta todos los aspectos señalados por el organismo de control”, se puede leer en el comunicado.
Según la entidad, la suspensión del avance contractual no implica la cancelación del proyecto, sino una pausa necesaria para garantizar que cada etapa cumpla con las normas vigentes.
La empresa aseguró que todas sus actuaciones continuarán desarrollándose con plena claridad y de cara a la ciudadanía, reiterando su compromiso con un proceso “responsable, transparente y confiable”.
Además, agregaron que la modernización del sistema de alumbrado público seguirá adelante únicamente cuando las observaciones de la Procuraduría hayan sido resueltas en su totalidad, pues considera indispensable contar con un proceso blindado técnica y jurídicamente.
¿Cuál es el trasfondo del proceso?
La suspensión ocurre mientras la Procuraduría mantiene abierta una investigación.
Referente al expediente, hay que mencionar que inició tras una irregularidad presentada el pasado 27 de agosto de 2024 por el senador Carlos Fernando Motoa y el concejal Roberto Ortiz y busca establecer si en el proceso existieron fallas de planeación, presunto direccionamiento, inconsistencias presupuestales o afectación al principio de economía.
A lo anterior se sumó actuaciones de la Personería Distrital, quienes también impulsaron la investigación.
Según se conoce, la investigación es liderada por el Procurador Delegado Primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa.
Finalmente, la investigación cubre dos frentes: el contrato vigente de 2023, cuestionado por presuntas fallas de planeación, y el proyecto contractual para 2026, que también presenta advertencias de la Procuraduría por posibles deficiencias en su estructuración.