Procuraduría abre formalmente investigación disciplinaria contra ocho funcionarios de Emcali por contrato del alumbrado

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali decidió asumir formalmente la investigación disciplinaria contra ocho funcionarios de Emcali, vinculados al proceso contractual 900-IPU-0148-2024, trámite señalado en quejas oficiales por presuntas irregularidades, presunto direccionamiento y posible afectación al principio de economía.

El País tuvo acceso a información entregada por fuentes de la Procuraduría sobre el avance de una investigación disciplinaria que analiza presuntas irregularidades en el contrato de alumbrado público vigente en Cali y que, según esas mismas fuentes, evidencia problemas de planeación, posibles direccionamientos e inconsistencias presupuestales.

De acuerdo con un alto funcionario del Ministerio Público, el proceso disciplinario abierto busca establecer si en la contratación del año pasado se habrían incumplido normas de contratación estatal y si la ejecución habría favorecido intereses particulares.

El expediente —radicado IUS-E-2024-554718 / IUC-D-2024-3859586— se abrió inicialmente con base en una queja presentada por el senador Carlos Fernando Motoa Solarte el 27 de agosto de 2024, quien señaló posibles anomalías en la contratación adelantada por la Gerencia de Abastecimiento Empresarial de Emcali.

De manera paralela, un proceso similar fue activado por denuncia del concejal Roberto Ortiz y tramitado desde 2024 por la Personería Distrital de Cali y el senador Carlos Motoa.

El País confirmó que la investigación está liderada por el Procurador Delegado Primero para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa.

Funcionarios señalados

Los investigados son:

• Roger Mina Carbonero — Gerente General
• Luis Antonio Muñoz Pérez — Jefe de Unidad
• Lesly Yahel Gil Sosa — Gerente de Área
• Marelby Caicedo Rizo — Jefe de Unidad
• Ángela María Perea Meneses — Jefe de Unidad
• Mario Germán Ocaña Guerrero — Subgerente
• José David Insuasti Avendaño — Gerente Unidad Estratégica de Negocios
• Nury Dolores Devia Criollo — Gerente de Área y Gerente General (E)

El objetivo de la investigación, según el auto, es determinar si existió incumplimiento sistemático de normas de contratación estatal y si el proceso habría favorecido intereses particulares mediante presunto direccionamiento, sobrecostos o inconsistencias presupuestales.

Preocupación por el nuevo modelo de alumbrado público

Aunque el proceso disciplinario se centra en la contratación vigente, las alertas de la Procuraduría también se extienden al proyecto que la Administración prevé contratar a partir de enero de 2026: una alianza estratégica con una duración proyectada de 20 años.

Fuentes del organismo de control señalaron que también se han identificado posibles irregularidades y falta de planeación en la estructuración del nuevo modelo, además de una “premura que no se entiende” frente a la magnitud del contrato que está en proceso de selección.

La Procuraduría adelanta vigilancia preventiva sobre este proyecto y, según las fuentes consultadas, ya cuenta con una serie de observaciones sobre riesgos detectados.

Dos frentes bajo lupa

La información conocida por este diario confirma que existen dos dimensiones en revisión:

1. El contrato actual, firmado en 2023 con varios otrosíes, cuya ejecución presenta presuntas deficiencias de planeación y posibles irregularidades.
2. El contrato proyectado para 2026, una alianza estratégica a 20 años, también con advertencias de la Procuraduría por eventuales fallas en la estructuración y en el afán con el que avanzaría su proceso de selección.

Las fuentes reiteraron que, aunque las advertencias sobre lo ocurrido en el contrato vigente son graves, “lo que más preocupa es lo que viene” con el nuevo modelo de alumbrado.

Pruebas exigidas

La Procuraduría ordenó a EMCALI remitir el expediente completo del contrato, informes sobre las modificaciones realizadas, justificaciones técnicas y financieras, documentación presupuestal —incluyendo CDPs y sus renovaciones— y los estudios que sustentaron la división de adjudicación por zonas del alumbrado (centro, norte y sur).

También se solicitó que se explique la diferencia denunciada entre los precios techo y las cotizaciones de mercado.

Asimismo, deberá entregarse un informe detallado que especifique el rol y las decisiones adoptadas por cada funcionario involucrado, señalando su participación en etapas de planeación, publicación, evaluación de ofertas, respuesta a observaciones, adendas y adjudicación.

El despacho también trasladó el dictamen técnico emitido por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) mediante oficio del 27 de mayo de 2025, para que los sujetos procesales puedan solicitar aclaraciones o complementaciones dentro de los términos establecidos.

El País se contactó con Emcali para que dieran su versión de los hechos, pero manifestaron que hasta el momento no han recibido notificaciones oficiales del ente de control.