¿Qué hay detrás de los enredos en la contratación en Colombia?

Estudio revela que más del 90 % de contratos en Colombia se otorgan con única propuesta. En el Valle es estrecha la relación de contratistas y políticos.

De 1122 municipios de Colombia, solo cinco muestran un índice que se considera sano en la contratación pública: que en promedio reciban más de diez oferentes cuando abren un proceso de ese tipo. Así lo concluye la investigación ‘Análisis de la contratación estatal 2014’, realizada por la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Lea también: La incestuosa relación entre los políticos y contratistas en el Valle del Cauca. El dato es una nueva y clara alerta sobre las posibilidades de corrupción o desgreño administrativo que atentan contra los recursos del Estado.  El análisis hecho por la Sociedad, en cabeza de su presidenta, Diana María Espinosa Bula, es que ese fenómeno puede explicarse en que la mayoría de las licitaciones que abren las gobernaciones y alcaldías se hace con pliegos tan complicados, dirigidos o, incluso, amañados, que solo una o dos firmas pueden participar. El estudio, dirigido por el ingeniero Jesús Rodrigo Fernández, incluyó las tres modalidades de contratación posible por los entes territoriales: licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, teniendo en cuenta los registros de cierre de las licitaciones y sin incluir a Bogotá.  La cantidad de dinero que refleja el estudio es significativa, pues el año pasado alcanzó los $15 billones, divididos en $9,4 billones contratados por municipios y $5,6 billones por departamentos. La mayoría de recursos fueron adjudicados por licitación pública ($7,2 billones de municipios y $4,9 billones de gobernaciones), lejos de lo que se entregó por selección abreviada ($1,7 billones en municipios y $0,4 billones en gobernaciones) y por concurso de méritos ($0,5 billones en municipios y $0,3 billones en gobernaciones). Algunas de las cifras generales que demuestran la escasa participación de oferentes para el reparto de los recursos estatales son estas: cuando los municipios abrieron licitaciones públicas en 2014, solo cinco recibieron en promedio más de diez oferentes (Medellín, Pasto, Popayán, Manizales y Pereira), contra 1106 en los que en promedio se presentaron tres o menos propuestas. Cuando se hicieron procesos de selección abreviada, solo en Popayán hubo más de seis oferentes en promedio, mientras 1106 municipios se mantenían en la escasa cifra de tres o menos. Y cuando la opción fue concurso de méritos, Barranquilla mostró el mejor promedio, aunque apenas superando los cinco oferentes, contra 1116 localidades en la franja de tres o menos. La tendencia es la misma cuando se analizan las cifras de los departamentos. Antioquia, Caldas, Nariño y Risaralda muestran promedios que tranquilizan (por tener los más de diez oferentes promedio deseados), pero entre 24 y 29 departamentos apenas recibieron tres o menos oferentes a la hora de contratar. La presidenta de la SCI cree que tras conocer estos resultados el Gobierno debe trazarse como objetivo un ajuste reglamentario para garantizar la transparencia en la adjudicación de los recursos, aunque advierte que el problema no está tanto en las leyes vigentes, sino en la gente que las aplica y que termina encontrando esguinces, especialmente en la elaboración de los pliegos. “Se trata de eso, de la construcción de pliegos que terminan dirigidos para que participe una sola firma o dos y del uso de otros recursos, como cuando se hace selección abreviada, para la que se cumple el requisito de que haya multitud de empresas que dicen estar interesadas en participar (a veces hasta 60, entre las que la ley pide escoger una decena por una rifa), pero al final solo uno o dos de los elegidos entregan papeles; la explicación tiene que ser que ese listado inicial se confeccionó por bases de datos manejadas por terceros, con firmas inexistentes, de partes lejanas del país o, incluso, que son sumadas al proceso sin que lo sepan”. La ingeniera Espinosa Bula dice que el principio mal entendido y mal manejado de la autonomía territorial está generando una situación muy grave en la contratación pública. “No de otra manera se explica que con las mismas normas, haya sitios en que todo opera bien. Ahí está el caso de Manizales, en donde el promedio de licitantes es de 78 y sube a más de cien si solo miramos obras civiles, o en Nariño, donde el promedio es 48”. Cita el principio de autonomía porque la Sociedad de Ingenieros cree que la solución puede estar en tomar más acciones desde el Gobierno Nacional, como obligar a usar pliegos unificados cuando se entregan recursos para obras similares o plantear la creación de un ministerio de infraestructura, con entidades descentralizadas a través de las cuales se gestione buena parte de los recursos. Resultados de la CCIEl fenómeno lo alerta también la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Su presidente Juan Martín Caicedo Ferrer lo dice claro: “Si bien es cierto que los tentáculos de la corrupción parecen ensañarse por estos días con la Rama Judicial, sus alcances se perciben de igual manera al revisar la contratación de obra pública en las regiones. Para comprobarlo, solo hace falta dar un vistazo a las conclusiones del Observatorio de Contratación de la Cámara (el estudio arriba señalado), según las cuales un 65% de los procesos licitatorios abiertos en los municipios del país durante 2014 terminaron favoreciendo una única oferta. En Bogotá, el 58% de los procesos adelantados por las alcaldías locales terminaron dándole luz verde a una sola propuesta”. Según Caicedo esas cifras reflejan  “un sistemático proceder de algunas entidades territoriales, que se han dedicado a confeccionar las condiciones de los contratos a la medida de intereses particulares. Esta es una mafia que se enquistó en el país”. El dirigente asegura que la única manera de frenar ese flagelo es implementando pliegos ‘Tipo’, un mecanismo que unifique las reglas del juego a la hora de contratar. En el fondo de todo, coinciden la ingeniera Espinosa y Caicedo Ferrer, está la connivencia entre contratación y política, que genera el círculo vicioso de particulares que patrocinan costosas campañas políticas, con la promesa del candidato de que una vez elegido retribuirá ese apoyo a través de contratos públicos. Estado estudia la situaciónEl peso de los resultados encontrados por los estudios de la Sociedad de Ingenieros y de la Cámara de Infraestructura aún no se traduce en acciones de parte del Gobierno o de entidades de control. Aunque  hay señales de que han acusado la alarma y que estudian maneras de controlar las que a todas luces son irregularidades en el sistema de contratación. La Presidencia de la República recibió las investigaciones, pero el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, se limitó a decir que: “Celebramos la contribución de ambos estudios a la compresión de los desafíos y riesgos de la contratación pública. Estudiaremos con detalle sus conclusiones y recomendaciones en una mesa de trabajo con Colombia Compra Eficiente”. Enciso realizó un llamado  para multiplicar  aportes de este tipo, que considera útiles para mejorar la política pública de transparencia.“Necesitamos respuestas estructurales para problemas estructurales. Las buscaremos sin descanso”. En la misma línea, la Contraloría General de la República se abstuvo de hacer un “pronunciamiento de fondo”, pues de manera oficial explicó que conoce los informes y tiene la intención de “utilizarlos como insumo para hacer un diagnóstico sobre el tema y una propuesta concreta de parte de la entidad”. 

Sobre lo que ordena el Estatuto AnticorrupciónSegún las normas vigentes anticorrupción, quienes hayan financiado campañas políticas tiene una inhabilidad para contratar con el Estado. El numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 señala que: “Las personas que hayan financiado campañas políticas a la Presidencia de la República, a las gobernaciones o a las alcaldías con aportes superiores al dos punto cinco por ciento (2.5%) de las sumas máximas a invertir por los candidatos en las campañas electorales en cada circunscripción electoral, quienes no podrán celebrar contratos con las entidades públicas, incluso descentralizadas, del respectivo nivel administrativo para el cual fue elegido el candidato. La inhabilidad se extenderá por todo el período para el cual el candidato fue elegido.