Fiscalía llamó a juicio a funcionaria involucrada en el caso del parador de Buga

La Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a la jueza Segunda Civil del Circuito de Buga, Norella Acosta Tenorio, involucrada en las irregularidades que rodearon el proceso de expropiación del complejo turístico Parador de Buga.

El ente investigador radicó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga el escrito de acusación de 52 folios contra la funcionaria, en el que la señala de participar en los delitos de concusión, cohecho propio y prevaricato por acción.

Acosta enfrenta su proceso privada de la libertad, luego de que fuera capturada en octubre de 2016 por orden del Juzgado 39 Penal de Bogotá, despacho que decidió imponer medida de aseguramiento contra la jueza, a pesar de que el 17 de junio había sido dejada en libertad; decisión que fue apelada por la Fiscalía, al considerar que la funcionaria podía interferir en la investigación estando fuera de la cárcel.

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En los próximos días, la Sala Penal del Tribunal dará inicio formal al juicio contra Acosta, quien es señalada de haber incidido irregularmente al momento de hacer el avaluó del predio del Parador de Buga.

El ente investigador sostiene que la funcionaria judicial tuvo conocimiento de los avalúos del predio, que en principio tenía un valor de dos mil millones de pesos, y el cual terminó costando 17.000 millones de pesos.

Tras las decisiones de la jueza, el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), ahora Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), tiene que pagar un valor cercano a los 40.000 millones de pesos por el predio, incluyendo el concepto de intereses, lo cual constituye para el ente investigador un detrimento patrimonial al Estado por parte de la jueza.

A pesar de los fallos que obligan a la ANI a pagar la millonaria suma, en julio el Juzgado 61 de Control de Garantías de Bogotá suspendió indefinidamente el desembolso del dinero, mientras se resuelve la situación judicial de Acosta, esto teniendo en cuenta las graves acusaciones que hacen las autoridades contra la funcionaria judicial.

De acuerdo con la Fiscalía, la jueza tomó decisiones irregulares, luego de haber recibido dinero, por parte de personas que buscaban resultar beneficiadas en el proceso expropiación, entre ellos Carlos Andrés Grajales Gamba, quien también es procesado por este caso, sin embargo, su caso no es adelantado en el Tribunal de Buga.

Para el ente acusador, los hechos cometidos por la jueza son graves, en el sentido de que en varias interceptaciones telefónicas queda registrado un acuerdo entre la funcionaria y Grajales, con el que se buscaba engañar al Estado, al obligarlo a pagar la millonaria suma, por el predio que era requerido por el INCO, para la construcción de una vía entre Cali y Buga.

En este proceso penal la Agencia Nacional de Infraestructura se ha constituido como víctima.