Envían a la cárcel a jueza investigada por caso del Parador de Buga

Según la Fiscalía, la juez Acosta habría incidido al momento de hacer el avalúo de dicho predio.

La jueza segunda civil de Buga, Norella Acosta Tenorio, fue enviada a prisión este sábado por el Juzgado 39 Penal de Bogotá, despacho que impuso medida de aseguramiento en segunda instancia. Lea también: así fue el desfalco del Parador de Buga en el Valle del Cauca. Este viernes se había ordenado su recaptura por ser presunta responsable de los cargos de prevaricato por acción en calidad de determinador y asociación para la comisión de un delito contra la administración pública en calidad de coautor. La decisión de segunda instancia revocó la que tomó un juez de control de garantías de Bogotá en junio pasado al abstenerse de imponer medida de aseguramiento a la funcionaria judicial. La jueza Acosta Tenorio es investigada por su posible responsabilidad en el proceso de expropiación del complejo turístico Parador de Buga, predio indispensable para adelantar obras de infraestructura relacionadas con la malla vial en la vía Cali-Buga. 

Según la Fiscalía, la juez Acosta habría incidido al momento de hacer el avalúo de dicho predio, causando un detrimento patrimonial al Estado, en este caso al Instituto Nacional de Concesiones, Inco, ahora Agencia Nacional de Infraestructura. “La juez decretó la expropiación del bien en un valor muy superior, al precio real o comercial, lo cual puede considerarse como un detrimento patrimonial al Estado, por unos 40 mil millones de pesos. Un primer estimado indicaba que este predio tenía un valor de dos mil millones, luego se realizó otro estudio en el que indicaba que el predio estaba avaluado en 17 mil millones, hoy el Estado tiene que pagar un valor cercano a los 40 mil millones de pesos”, dijo en su momento el fiscal General (e) Jorge Perdomo. 

De acuerdo con lo expuesto por el ente investigador, la juez tomó decisiones irregulares, luego de haber recibido dinero por parte de personas que buscaban resultar beneficiadas en el proceso expropiación, entre ellos Carlos Andrés Grajales Gamba.  Para la Fiscalía, los hechos cometidos por la juez son graves, en el sentido de que en varias interceptaciones telefónicas queda registrado un acuerdo entre la funcionaria y Grajales, con el que se buscaba engañar al Estado.