El manejo político de Acuavalle la tiene al borde de una intervención

Así lo ratificó un informe de la Contraloría, que reveló los estados financieros de los últimos años, en los que la empresa pasó de tener un balance positivo, a cargar con un déficit que hoy se estima en cerca de $40.000 millones, siendo los años 2009 y 2010, cuando Abadía estaba en la Gobernación, en los que se registraron los peores descalabros.

Si bien la decisión de la Procuraduría de suspender por tres meses al gerente de Acuavalle, Iván Valderrama, deja la empresa sumida en una grave crisis, quienes defienden este patrimonio público creen que la medida también abre una luz al final del túnel.Entre otras cosas porque éste puede significar otro paso para quitarle ese control de la empresa al que se aferran los amigos del destituido gobernador Juan Carlos Abadía, señalados por varios sectores de haberle dado un manejo con intereses políticos y que desembocaron, necesariamente, en el desangre financiero de Acuavalle.>Así lo ratificó un informe de la Contraloría, que reveló los estados financieros de los últimos años, en los que la empresa pasó de tener un balance positivo, a cargar con un déficit que hoy se estima en cerca de $40.000 millones, siendo los años 2009 y 2010, cuando Abadía estaba en la Gobernación, en los que se registraron los peores descalabros.>El secretario de Planeación del Valle, Christian Garcés, aseguró que ante los obstáculos que han puesto las actuales directivas de Acuavalle para impedir que el gobernador Francisco Lourido entre a participar del liderazgo de la entidad, han solicitado al Gobierno Nacional y los entes de control intervenir para buscar una salida a esta crisis.“Existe el temor de que Acuavalle esté quebrada y que se hayan destinado sus recursos a otros objetivos que están prohibidos por la ley, que se hayan malgastado sus recursos financieros y la entidad no pueda cumplir con los convenios que tiene firmados y eso lleve la empresa a una crisis”, indicó Garcés.Esa es la misma percepción que tienen varios empleados de Acuavalle que, bajo la reserva de su nombre aseguraron que: “En las dos últimas administraciones de Acuavalle, la de Álex Pascual Loango y la de Iván Alberto Valderrama, se dedicaron a saquear la empresa, contratando con sobrecostos, llenándola de gente inexperta para pagar favores políticos y no quieren entregar el manejo para (que) los vallecaucanos no sepan lo que hicieron y en qué se han gastado el dinero”.Y es que curiosamente, el único cierre fiscal entregado por Acuavalle en la administración Abadía, fue cuando salió a denunciar que Angelino Garzón dejaba un déficit de $8.000 millones. En adelante se escondieron las cifras hasta finales del 2009, cuando ya las pérdidas iban por arriba de $34.000 millones.El peor panorama para Acuavalle se presentó meses después, cuando la administración Abadía presentó un proyecto a la Asamblea Departamental para ceder la propiedad a Infivalle, lo que la dejaría ad portas de la privatización.Sin embargo, el Sindicato de Acuavalle se opuso radicalmente a ese proceso, tal como ocurrió en 1999, cuando cedieron incluso parte de sus logros laborales por mantener pública la empresa. Sin embargo, la situación se agravaba y el 2010 cerró con un déficit de $39.000 millones.La falsa panaceaMás allá del balance negativo que tiene Acuavalle, y que aún es imposible cuantificar, existe otro temor entre quienes tratan de salvar la empresa: los costos que ocasionalmente deberán pagar por el incumplimiento de contratos dentro y fuera del Valle.Porque infortunadamente los convenios presentados por el ex gerente Álex Loango como la gran panacea y la oportunidad para ampliar la capacidad de acción por fuera del departamento, terminaron dejando también el prestigio de Acuavalle en saldo rojo.>Pronto esos nuevos negocios, manejados herméticamente por la gerencia de la empresa, se convirtieron en una nueva amenaza para Acuavalle porque el incumplimiento y la falta de claridad sobre la destinación de los anticipos que se vio en el Valle, se replicó también en Bolívar, Córdoba y La Guajira.>También cuestionó la Contraloría el convenio interadministrativo celebrado en marzo del 2008 entre el municipio de Cantagallo (Bolívar) y Acuavalle, por un valor de $6.950 millones y que constaba de 16 proyectos, en los que se halló desde falta de planeación, hasta sobrecostos e incumplimientos.En junio de ese mismo año se firmó un convenio por $16.000 millones con Corpoguajira para el aumento de cobertura de acueducto y alcantarillado, el cual fue liquidado unilateralmente por los manejos irregulares de Acuavalle que recibió un anticipo de $7.500 millones y sólo se ejecutó el 14,5% de las obras. “Ni siquiera se logró definir los diseños del proyecto”, indicó la Contraloría General, en el que señala tres hallazgos de tipo penal.>El resultado fue similar en el convenio firmado entre Acuavalle y el departamento de Córdoba para el Plan Regional de Aguas del 2009, donde la Contraloría advirtió a la gobernadora de ese departamento, Marta Sáenz, que Acuavalle no hizo el aporte de asistencia técnica y solución del tratamiento de aguas residuales por $1.500 millones y que la empresa no tenía “la capacidad técnica y la planta de personal idónea para desarrollar la interventoría contratada; por lo tanto debe recurrir a subcontratar”.>Pero los hallazgos más graves se hicieron en el Valle con el convenio de ejecución del Plan Departamental de Aguas donde se le entregó un anticipo por $14.000 millones, se venció el contrato y no se tiene ni la primera obra aprobada.Incluso, en la información entregada sin ningún requerimiento técnico se reseñan millonarios gastos en tiquetes aéreos a Bogotá, gastos en publicidad con recursos del Sistema General de Participaciones y el pago de seguridad social con dinero del Plan de Aguas.La salida de AcuavalleCon este confuso panorama, es que quienes vienen trabajando por sacar adelante la empresa consideran que la suspensión del gerente, Iván Valderrama, quien no contestó las diversas llamadas que se le hicieron para conocer su versión, es un paso hacia la recuperación de la misma. El diagnóstico que tienen en la Gobernación, y que coincide con el Sindicato de Trabajadores de Acuavalle, señala que para salir de la crisis administrativa y financiera debe cumplir tres pasos: recuperar la gobernabilidad, establecer el real estado financiero y detener el Contrato 287 del 2010, que le entregó el manejo de la empresa a un tercero y por el cual se suspendió a Valderrama y se inició proceso disciplinario a otros tres funcionarios. (ver nota anexa)El gobernador del Valle, Francisco José Lourido, aseguró que este polémico contrato, entregado contrariando, incluso, el concepto de la Procuraduría, “es lesivo para los intereses de Acuavalle y del departamento”, donde presta el servicio a cerca de 700.000 usuarios. Margarita López, presidenta de Sintracuavalle, y quien ha sido amenazada por su defensa de la empresa, aseguró que el único objetivo del sindicato es mantener a Acuavalle pública y viable, “independientemente del color político que haya en la administración”.“Esta situación nos tiene en el ojo del huracán y sometidos a ser la oveja negra de los servicios públicos en Colombia y nos deja ad portas de una posible intervención”, aseguró la líder sindical.La pugna por el controlDesde la destitución de Juan Carlos Abadía como gobernador se orquesta un plan en Acuavalle para impedir el ingreso de Francisco Lourido a la Junta Directiva. El 26 de octubre del 2010, en una junta agitada, ingresaron a la Junta el gobernador Lourido y Henry González. Sin embargo, apelando a la letra menuda y con ayuda de los alcaldes que se beneficiaron de los actos de Abadía, se bloqueó el ingreso porque la CVC no envió la terna con las hojas de vida de los nuevos miembros con tres días de anticipación y tampoco ofició a la Superintendencia de Servicios Públicos de que la empresa iba a realizar una Asamblea, como está previsto.Para el 31 de marzo pasado, en una nueva junta, la balanza se inclinó en favor del gobernador Lourido. Luego de horas de discusión y de intentos de los alcaldes que ya estaba alineados en el PIN por sabotear la junta, el Mandatario logró sumar el respaldo del segundo mayor accionista, la CVC, que le garantizaba más del 80% de las acciones, pero a última hora apareció otra plancha de los alcaldes que al parecer era extemporal.Finalmente los mandatarios se retiraron y demandaron la legalidad de la Junta porque no se aceptó la segunda plancha, a lo que un juez dio validez e impidió la posesión. Hoy Acuavalle está en el limbo administrativo.