Atención: Claudia Moscoso, señalada de ser la jefa de ‘Los Cancerberos’, es capturada en Tuluá

En Tuluá confirmaron la captura de la abogada Claudia Lorena Moscoso, ocurrida el pasado jueves 28 de septiembre, señalada de ser la jefa del grupo delincuencial ‘Los Cancerberos’, quienes a través de panfletos amenazantes, se adjudicaban los recientes actos terroristas con la finalidad de tener intimidada a la población local.

Por medio de un operativo liderado por la Fiscalía General de la Nación y el CTI, se produjo esta captura junto a la de Rubiel Antonio Tobar Gutiérrez, compañero sentimental de la abogada, a quienes se les halló en su poder una pistola tipo revólver y un arma traumática, lo que se configura en flagrancia y podría aumentar los cargos en su contra.

De acuerdo al ente investigador, se logró evidenciar que desde diciembre del 2022 hasta lo que va corrido del año, estas personas actuaban con el objetivo de poner en peligro el orden público en el municipio de Tuluá, lo cual es señalado como concierto para delinquir.

Durante la audiencia de legalización de captura, presidida por un juez de control de garantías, se les imputó el cargo previamente mencionado en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Moscoso Gilón aceptó el cargo de concierto para delinquir, más no el de porte ilegal de armas. Mientras que Tobar Gutiérrez aceptó ambos cargos.

El juez de control de garantías les dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, atendiendo a la solicitud presentada por la Fiscalía, al considerarlos como un peligro para la sociedad. Asimismo, cabe resaltar que estas personas, a través del grupo ‘Los Cancerberos’, se dedicaban a amenazar a jueces, fiscales, abogados, periodistas y a la ciudadanía en general.

Según señaló el fiscal del caso, lo calificó como “grande, con varias líneas de investigación”, pues en medio hay homicidios, extorsiones, atentados y hechos de corrupción política. De igual forma, las autoridades advirtieron de más capturas en los próximos días de otros miembros de la organización, entre los que habría funcionarios y exfuncionarios de la Alcaldía de Tuluá.

Por otra parte, durante la diligencia de allanamiento a la vivienda de la pareja, ubicada en el barrio El Cóndor II de Tuluá, se encontraron más de 30 elementos probatorios: celulares, computadores, más de 4.000 panfletos amenazantes con nombres de personas condenadas por homicidio, así como publicidad política a favor del candidato a la Alcaldía, Jorge Gallego Chávez y la candidata al concejo María Fernanda Pantoja.

Entre los hechos que llamaron fuertemente la atención de las autoridades están los miles de panfletos donde señalan al exalcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, de varios delitos, entre ellos el homicidio de Alejandro Forero Valderrama, crimen cometido al interior de un taxi.

Incluso varios funcionarios judiciales renunciaron a participar como garantes del proceso electoral en Tuluá por temor a las amenazas por el caso de Moscoso Gilón. De igual forma, desde el ente investigador explicaron que el modus operandi de los capturados era cometer atentados contra los vehículos de la empresa de transporte La Esperanza, con el objetivo de posar de víctimas y desviar las investigaciones, cuando en realidad su propósito era presionar por la asignación de cupos.

Claudia Lorena Moscoso Gilón fungía como gerente de la empresa La Esperanza, encargada de manejar el transporte escolar vinculado a la Alcaldía de Tuluá. Según denuncias de empresarios locales, esta empresa, que entró en funcionamiento desde noviembre del 2020, estaría funcionando como una empresa “fantasma”, pues no cuentan con la debida autorización del Ministerio de Transporte.

Vale recordar que en junio del 2019, Moscoso Gilón fue capturada por las autoridades por el delito de extorsión agravada y concusión, sin embargo, fue finalmente procesada por consunción y tráfico de influencias de particular. Así mismo, el 15 de septiembre del 2021, el Consejo Seccional de la Judicatura de Cali le impuso una sanción de 15 SMMLV. Ya en abril del presente año, se ordenó la suspensión de su ejercicio profesional como abogada por un término de 36 meses.