Estas son las medidas que se tomaron para proteger a los servidores judiciales de Tuluá

Luego de que detonara un explosivo frente a la sede de los juzgados penales del circuito judicial de Tuluá, el pasado martes, las autoridades del municipio están en alerta, ya que abogados, fiscales y jueces llevan semanas siendo amenazados por diferentes estructuras al margen de la ley, la última de ellas del grupo Los Cancerberos, que también se atribuyó el atentado.

Por estas razones, ayer se adelantó un consejo de seguridad convocado por la Gobernación del Valle del Cauca, que contó con la participación de la Administración Municipal y la Fuerza Pública, con el objetivo de velar por la tranquilidad de los comicios del 29 de octubre, que se ven gravemente amenazados.

Y es que mientras los ciudadanos observaban el partido de fútbol de Colombia Vs Chile, el pasado 12 de septiembre en la noche, en el centro de la ciudad ocurrió una detonación que causó pánico en los ciudadanos y daños estructurales en las instalaciones.

El coronel Jesús Enrique Quintero, comandante de la Policía del Valle, dijo en su momento que se presentó la explosión de un artefacto “de baja intensidad, al parecer pólvora negra, no más de 50 gramos, de acuerdo con los peritos”.

Ante la cercanía de las próximas elecciones territoriales, diferentes sectores de la población han mostrado su inquietud respecto a la seguridad de los funcionarios, candidatos y población civil.

Por ello, Consuelo Piedrahíta, presidenta del Tribunal Superior de Buga, expreso el miércoles por medio de un comunicado dirigido a los delegados del Registrador del Estado Civil: “Pongo en su conocimiento la imposibilidad para esta Corporación de designar comisiones escrutadoras y claveros para las elecciones del 29 de octubre de 2023 en la referida municipalidad, pues ello implicaría poner en grave riesgo y peligro la vida e integridad de los funcionarios y empleados judiciales y dificultaría la realización del aludido escrutinio”.

Ante este anuncio, el Secretario de Seguridad del Valle, Camilo Murcia, manifestó que “no puede ser el miedo una forma de hacer política”, además comentó que el Plan de Choque que se está implementado en Tuluá está dando resultados con más de 500 judicializados y aseguró que se brindarán las garantías para unas elecciones sin afectaciones.

¿Cómo se va a garantizar la seguridad?

El gobernador encargado del Valle del Cauca, José Fernando Gil, dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía. “Estamos dando garantías con las autoridades civiles y militares a nuestros jueces y magistrados con el concurso de la Unidad Nacional de Protección”.

Para este fin, la Policía Nacional estará encargada de brindarles seguridad a los jueces penales del distrito en todo momento. Sobre el tema, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Enrique Rodríguez, añadió que “los servidores judiciales podrán prestar sus funciones de claveros y escrutadores de manera correcta”.

Para poder reconocer las amenazas oportunamente, el subdirector General de la Policía, Tito Yesid Castellanos, explicó que “semanalmente se va a realizar una reunión electoral con el propósito de verificar qué situaciones críticas se presentan en Tuluá y el Valle para aunar esfuerzos y fortalecer los procesos en pro de los habitantes”.

Además, se anunció que para fortalecer el pie de fuerza, 30 hombres y mujeres de la Policía llegan el fin de semana al territorio. Por ello, el alcalde del municipio, John Jairo Gómez, sostuvo que “no hay el mínimo riesgo de que el próximo 29 de octubre no haya elecciones en Tuluá. Garantizamos el proceso electoral, garantizada la seguridad de nuestros jefes y fiscales”, además, dijo que se puso en marcha un plan para dar con los responsables de las amenazas.

Ante los compromisos y conclusiones que surgieron del consejo de seguridad, la Presidenta del Tribunal Superior de Buga expresó que “se dispensarán a los funcionarios y empleados judiciales que fungirán como escrutadores y claveros para los escrutinios del 29 de octubre de 2023, me permito manifestar que esta Corporación procederá con el deber legal de designar las comisiones correspondientes para dicho municipio”.

“Quedamos convencidos que se honrará y cumplirá a cabalidad el compromiso de protección de la vida e integridad de los servidores judiciales, especialmente en estas circunstancias en que se ha evidenciado el alto riesgo en que se encuentran”, concluyó.