¿Por qué a pesar del aumento del pie de fuerza en el Valle, delincuentes siguen generando zozobra con atentados en Cali y Tuluá?

La violencia en el Valle del Cauca continúa abriéndose paso y en la noche del pasado martes se registraron dos alteraciones del orden público con explosivos, los cuales causaron temor. Una de ellos se registró en un CAI forestal en la Comuna 1 de Cali, y otro en el centro de Tuluá. Lo preocupante de estos hechos es que se registraron una semana después de que se anunciara que 600 militares están reforzando la seguridad en la región.

La primera acción violenta se vivió sobre las 10:00 p.m. en el kilómetro 10 de la Vía al Mar, en occidente de Cali.

“Fuimos objeto, en el CAI forestal, del lanzamiento de un artefacto explosivo artesanal de bajo poder. Este cayó sobre el techo del mismo y el contacto produjo una detonación que no dejó víctimas y tampoco causó daños materiales en las viviendas vecinas”, dijo el coronel Wilson Javier Parada, subcomandante de la Policía de Cali.

De acuerdo con el subcomandante, se presume que el artefacto, tipo papa bomba, se arrojó desde el frente de las instalaciones, lo que recordó un hecho similar que se presentó en 2007.

“En esa ocasión se dio una captura en flagrancia de un sujeto de la misma comunidad de este sector que estaba en desacuerdo con los planes y controles operativos que se venían ejerciendo sobre este eje vial, estos planes y operativos se siguen desarrollando y es la hipótesis que tenemos preliminarmente, por lo que haremos las investigaciones correspondientes”, expresó.

El segundo ataque se presentó frente a la sede de los juzgados penales del circuito judicial de Tuluá, en el centro del municipio, causando pánico y daños estructurales en las instalaciones.

El coronel Jesús Enrique Quintero, comandante de la Policía del Valle, dijo que se presentó la explosión de un artefacto “de baja intensidad, al parecer pólvora negra de no más de 50 gramos, de acuerdo con los peritos”.

El uniformado expresó que se está investigando el hecho con elementos materiales de prueba y que empezaron labores articuladas con la Alcaldía y la Gobernación: “Estamos trabajando para traer tranquilidad a Tuluá”. Mientras se realizan las reparaciones pertinentes los juzgados se mantienen cerrados.

Para el investigador y corresponsal de conflictos armados, Néstor Rosanía, que estos ataques ocurran justo una semana después de que se anunciara la llegada de más de 600 miembros del Ejército Nacional, demuestra que mayor pie de fuerza militar no es sinónimo de una mayor seguridad.

La dificultad en la prevención de estos ataques es que “ellos actúan con una estrategia llamada asedio diluido, es decir, no buscan confrontaciones directas con las tropas estatales. Así funciona la guerra de guerrillas, además, para dejar explosivos no necesitan de muchos hombres pero pueden generar daños y pánico en la población civil”, explicó.

Asimismo, la descentralización de la guerra ha hecho mucho más compleja la labor de la Fuerza Pública, ya que al existir tantos grupos armados sin uniforme la identificación de los mismos tarda más tiempo, por lo que las labores de inteligencia son vitales para poder realizar labores de prevención y ofensiva.

“Se tiene que reconocer la identidad de los grupos y las zonas donde delinquen. El Ejército tiene una estrategia que se usó en el momento más difícil de la guerra contra las Farc que consiste en combinar las labores de inteligencia con operaciones beta, es decir, bombardeos a campamentos guerrilleros y atacar su apoyo urbano. Sin embargo, esta dinámica no mejorará hasta que no haya una presencia integral del Estado”, afirmó.

Por su parte, el experto en seguridad Pablo Uribe expresó que estas acciones pueden ser una consecuencia de la política de paz total promovida por el Gobierno Nacional, ya que, al existir una orden de no atacar, “las organizaciones criminales y las disidencias se han fortalecido en todo el país y se sienten con capacidad para atacar sin consecuencias”.

Según el especialista, el uso de las armas es una manera de mostrar fuerza en la mesa de negociaciones, por lo que “entre más poder y capacidad de hacer daño tengan, más concesiones le pueden extraer al Presidente”, manifestó.

Para evitar que esta violencia desmedida siga golpeando a la población civil, el investigador Rosanía explicó que es necesario que se implementen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que buscan incentivar el desarrollo social, económico y ambiental de las zonas más golpeadas por el conflicto armado interno.

Con una presencia estatal integral se disminuirían las violaciones a los derechos humanos que sufren los ciudadanos, no solo en el Valle del Cauca, sino en todo el país.

Según los expertos, las vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario como reclutamientos de menores o desplazamiento por parte de actores criminales debe ser una prioridad, por lo que las acciones, tanto militares como institucionales, deben ser urgentes.

“Se puede recuperar el territorio sin poner en riesgo a la población civil, ya se ha hecho en el pasado. La Fuerza Pública está para protegerlas la sociedad civil, no es que sea un actor armado, es una representación del Estado encargado de proteger a la población civil”, concluyó Pablo Uribe.