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Juez anuló la imputación de cargos contra Daniel Quintero en el caso ‘Aguas Vivas’

También se cayó la imputación contra otros procesados, entre ellos exintegrantes de su gabinete.

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Daniel Quintero, precandidato presidencial.
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. | Foto: Catalina Olaya

14 de jul de 2026, 09:11 p. m.

Actualizado el 14 de jul de 2026, 09:11 p. m.

La juez 22 Penal del Circuito de Medellín decretó la nulidad de la imputación de cargos formulada contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y otros procesados dentro del caso conocido como ‘Aguas Vivas’, al considerar que durante esa diligencia la Fiscalía incurrió en deficiencias que afectaron las garantías procesales de los investigados.

La decisión implica que la actuación judicial mediante la cual fueron imputados los cargos deberá repetirse, luego de que el despacho concluyera que la Fiscalía no expuso de manera clara los hechos atribuidos a cada uno de los implicados.

El proceso está relacionado con la presunta modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, actuación que, según la investigación, habría permitido la restitución de un lote denominado Aguas Vivas, cuyo valor supera los 40.000 millones de pesos.

Además del exmandatario, la determinación judicial cobija a varios exfuncionarios de su administración y a particulares que también fueron vinculados al expediente.

Daniel Quintero, superintendente de Salud
Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. | Foto: FOTO: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Durante la audiencia, la jueza explicó que el ente acusador presentó una narración insuficiente sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que, presuntamente, cada uno de los procesados habría participado en los hechos investigados.

A juicio del despacho, esas falencias impidieron que los investigados conocieran con precisión los cargos que se les atribuían, situación que terminó afectando su derecho a ejercer una defensa adecuada.

“Se afectaron los derechos de defensa y de contradicción”, señaló la jueza al sustentar la decisión, al advertir que las inconsistencias detectadas comprometieron el debido proceso.

Asimismo, indicó que los errores advertidos durante la diligencia generaron “insubsanables perjuicios al debido proceso”, motivo por el cual consideró procedente declarar la nulidad de la imputación y ordenar que esa actuación sea realizada nuevamente, esta vez cumpliendo los requisitos exigidos por la ley.

La solicitud de nulidad había sido presentada por el abogado Juan Felipe Criollo, quien cuestionó la forma en que la Fiscalía estructuró la imputación. El despacho acogió esos argumentos al considerar que existían irregularidades suficientes para invalidar la actuación.

Con esta decisión no se archiva la investigación ni se declara inocentes a los procesados. La nulidad únicamente deja sin efectos la audiencia de imputación, por lo que la Fiscalía deberá volver a realizar ese procedimiento, corrigiendo las deficiencias señaladas por la juez.

En consecuencia, el proceso judicial continuará, pero desde esa etapa procesal, una vez el ente acusador presente nuevamente los cargos con la claridad y precisión que exige la legislación penal.

Fachada de la Fiscalía
También se cayó la imputación contra otros procesados, entre ellos exintegrantes de su gabinete. | Foto: Colprensa

El caso Aguas Vivas ha sido uno de los procesos judiciales de mayor impacto relacionados con la administración de Daniel Quintero. La investigación gira alrededor de las actuaciones que habrían permitido modificar disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial para favorecer la restitución del predio, actuación que las autoridades consideran objeto de revisión por las posibles irregularidades en su trámite.

La decisión conocida este lunes representa un revés para la Fiscalía en este expediente, al obligarla a rehacer una de las actuaciones más importantes del proceso. Sin embargo, la investigación seguirá su curso y será el ente acusador el encargado de definir una nueva fecha para formular nuevamente la imputación, respetando las garantías procesales señaladas por el despacho judicial.

Comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente, con experiencia en medios digitales y en radio. En El País se desempeña como periodista multifuente desde el año 2022.

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