Alcalde de Palmira denuncia irregularidades en contrataciones de la administración pasada

Bajo la modalidad de anticipos, la anterior Administración Municipal de Palmira habría girado a las cuentas personales de secretarios y directores de la dependencia $2400 millones desde el 2016 al 2019, denunció el alcalde Óscar Escobar.

El actual Mandatario indicó que ya puso en conocimiento de la Fiscalía y de los organismos de control a nivel nacional las presuntas irregularidades en cuanto a que no se cumplían los principios de contratación pública, ni los procedimientos que establece la ley.

Asimismo, afirmó que los contratistas se escogían a dedo. “Aquí no había contratos, había giros a cuentas de funcionarios y ellos ejecutaban eso como si fuera la plata de una tienda”, sostuvo.

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¿Cómo llegó usted a encontrar este tipo de presuntas irregularidades y bajo qué modalidad funcionaban?

Encontramos estos casos porque desde los primeros días de enero una persona de la Administración me sugirió utilizar un mecanismo para resolver un problema que tenía que solucionar esa semana. Me dijo: “usted porque no firma una resolución de gastos y de esta manera se genera el anticipo, se le gira la plata al secretario y resuelve el problema”.

¿Cuál fue su reacción ante la sugerencia del funcionario?

Me quedé pensando porque jamás había escuchado esa modalidad en las entidades públicas nacionales y territoriales en las que trabajé. Puse a los abogados a que revisaran y evidentemente no se podía hacer por varias razones de tipo legal. Desde entonces empezamos a investigar el caso: cuánto hace que se venía realizando esta práctica; cuántos recursos se habían ejecutado mediante esa modalidad, a mirar toda la legalidad que hubiera del tema. La reglamentación en el municipio que expidió el decreto, cómo funcionaba y cuáles eran los traslados que se hacían.

Todo ese análisis, ¿qué resultados arrojó?

Todo este trabajo permitió establecer que durante los últimos cuatro años se giraron, en la Alcaldía de Palmira, $2400 millones bajo esa modalidad de anticipos. Por eso, y porque sin duda vemos cosas muy preocupantes en este tema, lo hemos puesto en conocimiento de los organismos de control nacionales.

¿A qué se refiere específicamente cuando dice "cosas muy preocupantes"?

Los servidores públicos tenemos prohibido recibir cualquier otro ingreso de lo público, distinto al de nuestro salario u honorarios. Los funcionarios públicos no podemos recibir dos erogaciones de lo público. Esa fue la primera irregularidad que encontramos, pues aquí vemos como se trataba de una modalidad, mediante la cual, en la cuenta privada del secretario, en la cuenta de nómina prácticamente, recibía $10, $50, $100 y hasta $150 millones de la Alcaldía para, digamos, resolver un problema.

Según ha dicho usted, ¿estas presuntas irregularidades también tendrían que ver con los procesos de contratación?

La Ley 80 nos exige que se cumplan unos debidos procesos, unos principios de planeación en la contratación. Incluso, en el marco de esta pandemia que estamos viviendo, que es histórica, hay unas funciones adicionales que nos ha habilitado el Gobierno, como es contratar directamente por el estado de emergencia, pero eso no nos exime de hacer contratos y cotizaciones. Lo que veo es que la Alcaldía de Palmira, durante los últimos cuatro años, sin ningún tipo de emergencia, ejecutaba los recursos públicos sin contratos y sin cumplir ninguno de los requisitos que le mencioné. La selección de los contratistas era a dedo, sin estudios de mercado o de precios.

Una vez el Alcalde aprobaba esos anticipos, ¿qué pasaba con esos recursos?

Otra de las presuntas irregularidades que detectamos tiene que ver con la legalización de esos cobros. Los Secretarios y Directores, una vez esos recursos eran autorizados por el Alcalde, debían llevar las facturas, pero a veces pasaban 30 días y hasta 200 días y no las llevaban. ¿Que pasó? El decreto que expidió el municipio decía que los funcionarios, cuando les sobrara plata, debían devolverla al municipio. Sin embargo, esto, en todos los casos que identificamos, nunca pasó. Nunca se devolvió plata al municipio bajo esa modalidad.

¿Usted ya denunció ante la Fiscalía y organismos de control estas supuestas irregularidades?

Hace algunos días me presenté ante la Fiscalía de Cali para denunciar estas presuntas irregularidades. Serán los organismos de control nacional, que son muy importante por su objetividad, los que investiguen, además porque si esto pasaba en Palmira, que es una de las ciudades más importantes del país, imagínese lo que puede pasar en otras partes del territorio nacional. Esta, que es como una nueva modalidad de ejecución, debería haber estado bajo el radar de todo el mundo, especialmente de las contralorías que son las que llegan a buscar los contratos, solo que aquí, en el municipio, no había contratos, había giros a cuentas de funcionarios y ellos los ejecutaban como si fuera la plata de una tienda.

¿Los dineros llegaban directamente a las cuentas privadas de cada secretario?

Así es, era a la cuenta particular de cada funcionario. Nosotros conocimos de esto en enero y nos tomamos el trabajo de tomar los correctivos para que no volviera a pasar, además de que lo fuimos documentando. En la denuncia que radiqué ante la Fiscalía están todas las pruebas que relacionan esos casos, de las transferencias y legalizaciones. También denuncié, en línea, y a través de un oficio que envié directamente, ante la Procuraduría General y la Controlaría Nacional.

¿Estos anticipos llegaban a todas las Secretarías y Direcciones o a unas particularmente?

Esta era una práctica muy generalizada en la Alcaldía de Palmira. El Alcalde siempre tenía que revisar y autorizar cuánto se le deba a cada Secretario, pero sí fue para fines muy variados; por ejemplo, en las transacciones aparecen más de 20 personas, entre Secretarios, Subsecretarios, Director y algún asesor. Eran funcionarios de planta de la Alcaldía a los que se les transferían estos recursos y se usaban para todo tipo de cosas: celebraciones, fiestas comunales, etcétera. Eran para contratar muchos eventos de logística que no aparecen bajo ninguna norma de la Ley 80, ni de la contratación pública. Eran como los principales temas para los cuales se usaban esos anticipos.

¿Qué medidas ha adoptado en su Administración para evitar que se sigan presentando estas situaciones?

Nuestro objetivo es que todo vaya siendo mejor en el municipio en términos de eficiencia y transparencia. Por eso, en enero, una de las primeras cosas que hicimos fue reducir las cajas menores porque el municipio endeudado y se gastaba $2.000 millones. Eran unos gastos discrecionales altísimos. Además, me habían dicho que con esas cajas menores hasta compraban bolsos, entonces mediante un decreto reglamentamos su uso y la redujimos a la mitad. Luego nos encontramos con que prácticamente había otro tipo de ejecución como los anticipos, que se estaban manejando casi que, como otra gran caja menor, con muchísima discrecionalidad.

¿Cuántas transacciones lograron identificar que se habrían hecho bajo la modalidad de anticipo?

Nosotros identificamos alrededor de unas 400 transacciones por $2400 millones y esas son las pruebas que estamos entregando a los organismos de control, que son los que deberán revisar y los funcionarios explicar cómo se ejecutaron esos recursos, pero además por qué utilizaron esta modalidad que para mí es completamente desconocida en el país.