Esto dice el documento que firmó el Presidente Petro para que el caso Laura Sarabia pase a la Corte Suprema de Justicia

En un giro cuestionado de los acontecimientos, el presidente, Gustavo Petro, firmó un documento que tiene implicaciones significativas en el caso de Laura Sarabia. Este hecho ha generado una polémica.

El documento en cuestión está relacionado con el nombramiento de Laura Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social. Su contenido es crucial en el intento de transferir el caso de Sarabia de la Fiscalía General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia. El decreto 1445, que fue firmado por el presidente Petro, establece la aceptación de la renuncia de la doctora Cielo Rusinque al cargo de Directora de Departamento Administrativo y el nombramiento de Laura Sarabia como su sucesora.

Este decreto ha sido el punto focal de la controversia que rodea el caso de Laura Sarabia. Algunos críticos argumentan que su nombramiento fue una maniobra para otorgarle fuero constitucional y evitar que la Fiscalía General de la Nación continúe la investigación en su contra. La fiscalía había programado un interrogatorio a Sarabia, pero este se suspendió cuando ella mostró su acta de posesión como directora del Departamento de Prosperidad Social.

La decisión de transferir el caso de Sarabia a la Corte Suprema de Justicia ha desatado un debate sobre si esta medida es justificada o si constituye un intento de evadir la rendición de cuentas. La Corte Suprema de Justicia es la entidad encargada de investigar y juzgar a los altos funcionarios públicos en Colombia, y el fuero constitucional que ostenta Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social le otorga cierta inmunidad frente a la justicia ordinaria.

El Caso de Laura Sarabia y su Interrogatorio en la Fiscalía

El caso de Laura Sarabia ha estado en el centro de atención desde que se hizo pública la prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza, quien trabajaba como niñera del hijo de Sarabia. La niñera fue denunciada por la pérdida de una maleta que contenía dinero y documentos confidenciales en la residencia de Sarabia.

La defensa de Sarabia ha sostenido que desde el 29 de enero denunciaron el robo de la maleta y los documentos reservados, y también han afirmado que informaron a la Fiscalía General sobre una supuesta campaña de desprestigio en su contra. Sin embargo, alegan que no han recibido respuesta a estas denuncias.

El 28 de agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó realizar un seguimiento oficial al caso en respuesta a la petición de la defensa de Sarabia. Esta medida ha añadido un nuevo elemento a la controversia y ha aumentado la atención internacional sobre el caso.

La defensa de Sarabia ha solicitado que se llame al fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, como “testigo de excepción” en relación con una llamada que sostuvo con la entonces jefa de Gabinete. Argumentan que esta llamada demuestra que Sarabia no buscaba ni aceptaba privilegios debido a su cargo. La inclusión del fiscal general como testigo potencial ha intensificado aún más el debate sobre el caso.

El Debate en Torno a la Transferencia del Caso a la Corte Suprema

El interrogante principal en este caso gira en torno a si la transferencia del caso de Laura Sarabia a la Corte Suprema de Justicia es un movimiento legítimo para garantizar un proceso justo o si se trata de un intento de eludir la responsabilidad legal en la justicia ordinaria. El fuero constitucional que ostenta Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social le otorga ciertas protecciones legales, pero también plantea la pregunta de si los altos funcionarios públicos deberían ser juzgados bajo una jurisdicción diferente a la de los ciudadanos comunes.

La CIDH ha intervenido en este asunto al ordenar un seguimiento oficial, lo que indica un interés internacional en el caso. La defensa de Sarabia ha planteado preocupaciones sobre su seguridad y una supuesta campaña de desprestigio en su contra, lo que ha elevado la gravedad de la situación.

La firma del presidente Gustavo Petro en el decreto de nombramiento de Laura Sarabia como directora del Departamento de Prosperidad Social ha añadido un nuevo elemento al debate. Algunos argumentan que esta acción respalda la transferencia del caso a la Corte Suprema, mientras que otros la ven como una maniobra para evitar la rendición de cuentas.