¿Qué ha dicho la Corte Constitucional sobre la implementación del acuerdo de paz?

La Corte Constitucional culminó la semana pasada el estudio de las normas avaladas en el Congreso de la República por la vía del 'fast track', en el marco de los Acuerdos de Paz alcanzados entre Gobierno y Farc.

El último tema abordado por el alto tribunal fue la Ley 1876 de 2017, que tiene por objeto poner en marcha el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (Snia).

El presidente de la Corte, Alejandro Linares, dijo que esa entidad “jugó un papel mediador en el proceso de paz” y que si bien todavía deben firmarse algunas sentencias relacionadas con el tema, lo más álgido ya pasó por allí.

El magistrado manifestó que fueron 35 decretos ley, 6 leyes y 5 actos legislativos, los que pasaron por las salas plenas de esa corporación, cuyos integrantes buscaron dirimir las controversias en busca del bienestar del país.

“La Corte hace un balance muy positivo de su rol en el proceso de paz, donde nos dieron una especie de rol como tercera cámara, además de la Cámara de Representantes y del Senado, para revisar la implementación de ese proceso, que implicó un trabajo muy serio y responsable”, sostiene.

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Linares destacó que algunas de esas normas marcaron huella en la corporación, como el valor jurídico de los Acuerdos de Paz, el aval a la Ley de Amnistía y la Comisión de la Verdad; así como la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la disposición que le daría el Gobierno a los bienes de las Farc.

El 11 de octubre de 2017 la Corte avaló por unanimidad el blindaje jurídico del Acuerdo, que establece el Acto Legislativo 02 de 2017, el cual señala que en los próximos tres periodos presidenciales se tendrán que respetar todos los mandatos del pacto.
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En ese momento, la Corporación precisó que la Paz en sí misma no puede ser considerada un mandato constitucional ni hará parte de la Constitución, ya que es un acuerdo de índole político. No obstante, sí será un referente obligatorio para todas las normas que se expidan para implementarla, con el fin de proteger la estabilidad jurídica de lo pactado.

La segunda decisión fue emitida el 2 de marzo de 2018, cuando se avaló, con algunos condicionamientos, la Ley de Amnistía y Trato Diferenciado, que establece beneficios para los guerrilleros desmovilizados y los agentes del Estado responsables de delitos cometidos en el marco del conflicto armado.

En la actualidad, el Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh, es dirigido por el historiador Gonzalo Sánchez.

Esta ley regula la entrega de amnistías, indultos y libertades condicionadas por delitos políticos y conexos y otorga beneficios a quienes se presenten ante la JEP. El alto tribunal concluyó, sin embargo, que estas personas deben cumplir una serie de requisitos y que, de no cumplirse, los mismos podrían perderse.

La tercera decisión de la Corte Constitucional sobre la Paz también se dio en marzo de este año, con el aval, con condicionamientos, al Decreto 588 de 2017, sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, uno de los componentes del Sistema de Verdad Justicia y Reparación convenido en La Habana entre Gobierno y Farc.

El decreto determinó que la Comisión será un ente autónomo del orden nacional, con rango constitucional e independencia administrativa, que funcionará por tres años para ofrecer una explicación amplia del conflicto armado, contribuir al reconocimiento de las víctimas, promover la convivencia en los territorios e identificar las responsabilidades del Estado, las Farc y los grupos paramilitares.

En agosto, la Corte avaló una cuarta norma sobre el Acuerdo, que fue la Ley Estatutaria de la JEP, frente a la cual expresó condicionamientos en lo que respecta al juzgamiento de crímenes contra menores en el marco del conflicto, la extradición, y la participación en política, entre otros.

Con relación a los delitos sexuales cometidos contra menores, se estableció que estos pueden ser procesados bajo los parámetros de la justicia transicional y no solo de la justicia ordinaria, como lo planteó el Congreso.

También anunció que el alto tribunal “no entró a revisar el fondo del tema, sencillamente determinó que el Congreso no tenía competencia para entrar a establecer sanciones diferentes a las que están establecidas en el Artículo 13 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017”.

La última norma aprobada fue el Decreto 903 de 2017, que dicta disposiciones sobre el inventario de bienes y activos de las Farc, condicionado a que solo pueden ser destinados para reparar a las víctimas del conflicto.

El alto tribunal, de manera unánime, respaldó la ponencia de Linares, que sostuvo que no es aceptable que dichos recursos sean destinados a financiar, en parte, la creación del centro de pensamiento del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común ni para hacer seguimiento de los programas de reintegración de los excombatientes.

“Lo que hicimos fue poner un granito de arena en un proceso que es importante para el país. Obviamente, faltan muchas medidas por implementar, sobre todo las que tienen que ver con la construcción de paz y los temas de la política pública en el sector salud, educación, vivienda, e implementar agua potable en las zonas más afectadas por el conflicto”, dijo el presidente de la Corte Constitucional.

Según algunas informaciones de prensa, Mario Javier Pacheco ya aparece en los registros oficiales de quienes van a ser contratados por el Estado.

Organizaciones de víctimas y asociaciones como la Red Colombiana de Lugares de Memoria y la Mesa por la Verdad les solicitaron al presidente Iván Duque que se abstenga de designar como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh, a Mario Javier Pacheco.

En una carta, aseguran que el periodista ha expresado opiniones contrarias al espíritu de construcción de paz, “pero, sobre todo, da cuenta de una concepción en la que la memoria debe ser apoyada por el Estado siempre que responda a los intereses del Gobierno. Así, en distintos medios y redes sociales cuestionó la labor del Cnmh al declarar que el Estado invierte millones de pesos en investigaciones, pero estas se revierten contra sí mismo, por exigencia del grupo delincuencial que sin saber cómo ni cuándo nos ganó la guerra o expresando que ‘es otra de esas estructuras infiltradas, pagadas por el Estado para deslegitimar al mismo Estado’”.

Los críticos de quien no ha sido confirmado en el cargo insisten en que Pacheco ha hecho declaraciones que deslegitiman la Paz al señalar al expresidente Santos “como ídolo de anarquistas, izquierdistas, socialistas, godos burocráticos, guerrilleros, mamertos y petristas, transmitiendo ideas descalificadoras respecto de las medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, y con aseveraciones como que las Farc gobernarían armadas”.

También plantean que la “reconstrucción de la memoria debe recoger la complejidad de lo ocurrido en el conflicto y develar responsabilidades de todos los actores del conflicto armado en los hechos victimizantes, incluyendo el Estado por su acción u omisión”.

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