Militar condenado por triple crimen de niños en Arauca pide pista en la JEP

El subteniente Raúl Muñoz, militar condenado a 60 años por la muerte de los hermanos Torres, ocurrida en octubre de 2010, pidió información para que su caso sea trasladado a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Aunque la solicitud se hizo hace varios días, este martes se conoció la intención del exintegrante del Ejército, por lo que de ser aceptada saldría en libertad sin cumplir con la totalidad de su pena.

La petición de información ante ese organismo fue confirmada en un documento firmado por Íngrid Karola Palacios Ortega, de la Secretaría General Judicial de la JEP.

La solicitud de cómo acceder a ese tribunal se conoce en momentos en que en la Comisión Primera del Senado debate la posibilidad de una reforma constitucional para crear una sala especial para el juzgamiento de los militares en el interior de la Justicia Especial de Paz. Este martes durante todo el día la Comisión Primera sesionó en busca de aprobar el articulado, pero no encontró los votos.

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El senador José Jaime Uscátegui dijo que “independientemente de dónde provenga el violador ese tipo de delitos no pueden quedar en la impunidad y frente a una condena de 60 años que contempla la justicia ordinaria, me parece que las víctimas no se pueden conformar con sentencias de cinco años que se dan en la JEP”.

El crimen de los hermanos Torres, Yenny, de 14 años; Jimmy, de nueve años, y Jeferson, de seis, conmocionó al país por la crueldad y sevicia con la que el entonces comandante de dos pelotones contraguerrilla actuó contra los menores, hijos de un agricultor de la zona.

El militar fue condenado por los delitos de homicidio y acceso carnal violento por el juzgado 27 de Conocimiento de Bogotá.

Los hechos por los que fue investigado ocurrieron en la finca El capricho, donde se encontraba Yenny y quien intimidó para salir valiéndose de un fusil para luego violarla. Así consta en los exámenes periciales y forenses practicados post mortem a la adolescente.

Sus hermanos fueron testigos de los vejámenes a los que fue sometida la menor, por lo que el militar decidió asesinarlos y desmembrar sus cuerpos que enterró en fosas comunes a menos de 50 metros de profundidad.

Su caso fue adelantado por la jueza Gloria Gaona en Arauca, pero la funcionaria judicial fue asesinada misteriosamente y debido al riesgo se decidió remitir el proceso a Bogotá al mencionado juzgado. Tras la sentencia, emitida el 25 de septiembre de 2012, la defensa de Muñoz Linares apeló el fallo.

Al llegar el caso al Tribunal Superior de Bogotá, el fallo fue ratificado pero el apoderado del militar también interpuso otro recurso que fue resuelto y reafirmado por la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2014.