¿Está funcionando la reincorporación de excombatientes de las Farc?, responde director de la ARN

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¿Está funcionando la reincorporación de excombatientes de las Farc?, responde director de la ARN

Febrero 21, 2020 - 11:30 p. m. Por:
Olga Lucía Criollo / Editora de Poder
Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN

Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN.

El País

“Hablamos con el alcalde Ospina y con la Gobernadora de proyectos conjuntos que le peguen a los objetivos de la Política de Paz con Legalidad: emprendimiento, sostenibilidad económica, vivienda, atención a hijos de los excombatientes y de las comunidades. Podemos generar proyectos donde articulemos cada peso de la Nación con cada peso que pueda dar el Municipio o el Departamento para cumplir objetivos comunes”.

Así resumió el objetivo de su reciente visita a Cali Andrés Stapper, el director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, quien asegura que, en cuanto al acompañamiento de los exguerrilleros a la vida civil, el Gobierno está haciendo más de lo contemplado en los Acuerdos de Paz.

Pese a los reclamos de muchos excombatientes, usted asegura que la reincorporación sí está funcionando. ¿Cuáles son sus argumentos?

El Acuerdo de Paz que se firmó con las Farc nunca desarrollo en sí una política pública de reincorporación. Pero que construimos un Conpes, una política de Estado dirigida a los excombatientes con cuatro objetivos fundamentales: articulación institucional; sostenibilidad económica con proyectos productivos y empleo; trabajo con las comunidades afectadas por la violencia, y acceso a educación, salud, empleo, vivienda.

Hay una sentencia de la Corte Constitucional que indica que la implementación se debe dar en varios períodos de Gobierno y cada uno, a discreción, lo alinea a sus objetivos: es la Política de Paz con Legalidad. Luego, el Plan Nacional de Desarrollo nos dio herramientas jurídicas y presupuestales para apalancar el proceso de reincorporación de largo plazo, la sostenibilidad económica de los excombatientes, crear la Ruta de Reincorporación, proferida el 24 de diciembre, y aplicar un Registro Nacional de Reincorporación. Así sabemos los mínimos y los máximos que tenemos que transitar con los excombatientes.

¿Y en materia económica?

Hemos ido más allá de lo definido en el Acuerdo: el Gobierno mantuvo apoyos en alimentación y arriendos mientras se tomaba una decisión sobre los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Pero además vamos a trabajar con los mandatarios locales en el desarrollo de esos territorios, que cada uno lo incorpore en sus planes de ordenamiento, conforme lo permitan sus concejos. Mantenemos las afiliaciones en salud y se ha desembolsado más de $260 mil millones en rentas económicas...no es que la comunidad internacional llegue por sí sola, sino en articulación con el Estado. El sector privado también colabora, estamos sacando un proceso muy grande con Proantioquia: comprar una tierra de más de 270 hectáreas, intervenir en cinco proyectos productivos con inversiones por de $4000 millones para excombatientes en Dabeiba, figuras que queremos replicar en todo el territorio nacional. Entonces, cuando uno compara las cifras de lo que hemos avanzado, decimos que la reincorporación es un componente sólido desde la planeación y lo presupuestal y la articulación con las Farc, porque todo es dialogado y concertado con ellos.

Pero hay quienes aseguran que hoy no hay un solo proyecto productivo que sea sostenible en el tiempo...

Nosotros no estamos creando tiendas ni abarrotes para los excombatientes. En el Cauca tenemos un proyecto de aguacate, pero no es que uno siembra el palito y al otro día te da el aguacate y al otro día tenemos la certificación para exportar, pero si han tenido una semilla certificada para que a futuro no solo vendan en su región sino que tengan vocación de exportación, no son proyectos de corto plazo. En ganadería, el peor error es que una vez aprobado el proyecto diga ‘cómpreme la vaca’, porque qué come, cómo adecúo los pastos, los establos y los riegos para que esa vaca sea productiva en el largo plazo. No somos inmediatistas, lo que hicimos fue contratar una consultoría, Impulsa, que nos ayudó en la formulación y revisión del proyecto, en la asistencia técnica y en la comercialización en el largo plazo. El Presidente ha sido muy claro: ‘los vamos a acompañar por el tiempo que sea necesario’, pero al tener las mismas tasas de fracaso de cualquier emprendimiento en Colombia y a nivel internacional, estamos hablando que entre el 30 y 40 % pueden superar la barrera del primer año. Lo que hacemos es darles garantías para que esa unidad productiva sea sostenible en el largo plazo.

“El presidente Duque conoce la responsabilidad histórica que le corresponde en dejar los cimientos para que no exista un paso atrás en la reincorporación”.

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Un proyecto incluso premiado, el de café en La Elvira, Cauca, se dice que está prácticamente muerto…

Ese café surgió de una alianza entre excombatientes y la Gobernación, con el acompañamiento de la Misión de la ONU, la Federación de Cafeteros y nosotros, y lo agrupamos en una Mesa Nacional Cafetera, porque son más de 35 cooperativas a nivel nacional que le están apostando al café, apalancados con recursos del Gobierno y de los entes territoriales. Capacitamos a 60 personas en todos los temas cafeteros y una primera lección aprendida fue: no es la formulación del proyecto ni el desembolso sino tener las habilidades y las competencias para desarrollar esa iniciativa. A finales del año modificamos los acuerdos marcos de precios de Colombia Compra Eficiente para que los proveedores de los servicios de cafetería y aseo compren insumos a los excombatientes y a las víctimas del conflicto, incluyendo todos estos proyectos de café.

¿Cómo se acompaña a los reincorporados que están en las ciudades?

En los espacios territoriales quedan 2.946 excombatientes y 9.275 están en 538 municipios apalancando su proceso, de la mano con la institucionalidad... La gran ventaja es que la ARN no nace con el Acuerdo, llevamos 17 años, pues por nosotros pasaron los procesos colectivos de las AUC con Justicia y Paz y los más de 17.000 desmovilizados individuales de Farc, así que ya teníamos un cúmulo de lecciones aprendidas y con esas 51.000 personas llegamos a 912 municipios. La reincorporación no está atada a ningún espacio geográfico, sino que llega adonde está el excombatiente, entonces hay modelos de reincorporación urbana, rural y otros que tienen en cuenta la perspectiva socioeconómica de sus comunidades para apalancar su tránsito efectivo hacia ellas.

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Hay varios Etcr que se están quedando vacíos, según se dice, por problemas de seguridad...

A partir de las visitas del Presidente a los diferentes Etcr se presentaron unas recomendaciones hace un año, donde el Gobierno dijo trece tienen vocación de consolidarse y transformarse en lo que los mandatarios locales decidan, y sobre once la recomendación fue trasladarse por imposibilidad de acceso a tierras o porque el Municipio no tenía la posibilidad socioeconómica de absorber esa demanda, por seguridad, por riesgo de algún desastre natural o porque estaba fuera de los polos de desarrollo de los departamentos.

A partir de ese análisis, viajamos con Naciones Unidas y el componente Farc para recomendarle a cada comunidad cómo podíamos construir una tarea conjunta en la materia. En el caso de Ituango, por ejemplo, se recomendó buscar en otra parte del departamento algún polo que nos permitiera una reincorporación integral y efectiva.

Por diferencias entre los excombatientes se creó Corporeconciliación, que busca una interlocución propia con el Gobierno. ¿Qué dice?

Mi objetivo es atender a todos los excombatientes, con las más de 127 formas asociativas que tienen para el desarrollo de sus proyectos sociales, comunitarios, políticos. Mantenemos un diálogo constante con las diferentes instancias creadas en el Acuerdo y con los excombatientes, y la idea es que esos proyectos, que se enmarquen en la legalidad, el Estado los acompañará. Por eso es que si bien muchos de los proyectos productivos colectivos están focalizados en los espacios territoriales, también tenemos una multiplicidad de ellos que están por fuera y eso nos pasa en varias partes del país.

En días pasados usted se reunió con el Alcalde de Cali y la Gobernadora, ¿qué acuerdos hicieron?

Si bien el Gobierno tiene un alto grado de responsabilidad frente a la implementación de la Política de Paz con Legalidad y los compromisos que se asumen, existe una corresponsabilidad del sector privado, las comunidades y gobernadores, alcaldes, concejos y asambleas. Como a través de la inclusión de esa política en los planes de desarrollo departamentales o municipales generamos un diálogo articulado para la implementación de estos procesos, hablamos con el alcalde Ospina y también con la Gobernadora de proyectos conjuntos que le peguen a los objetivos de la política: emprendimiento, sostenibilidad económica, vivienda, atención a hijos de los excombatientes y de las comunidades. Podemos generar proyectos donde articulemos cada peso de la Nación con cada peso que pueda dar el Municipio o la Gobernación para cumplir objetivos comunes... Más que construir paz, es construir desarrollo, un proyecto de vida en el marco de la legalidad.

¿Cómo estamos de dinero para este proceso de reincorporación?

Nosotros manejamos tres fuentes de recursos: una subcuenta en el Fondo Colombia en Paz, de la que manejamos los pagos directos con los excombatientes, rentas básicas, proyectos productivos y otros proyectos; unos recursos de funcionamiento de la entidad para la reincorporación, y otra parte a través de la Ley General de Presupuesto para atender procesos anteriores... se dijo que nos habían disminuido el 7 % de la apropiación presupuestal, pero fue frente a esos procesos, ya que tengo más de 25.000 graduados de ellos, pero los presupuestos de reincorporación han subido a medida que ha avanzado la implementación del Acuerdo. Antes mi presupuesto era de unos $130 mil millones y ahora estamos hablando de un presupuesto indicativo de más de $260 mil millones.

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Graduados como operarios

Carmen Rosa Granados cambió el fusil AK-47 que durante catorce años cargó sobre su hombro por los mandos de una retroexcavadora de orugas que aprendió a conducir en tres meses en uno de los programas de formación que ofrece la ARN a quienes se decidieron por la Paz. Ella, antigua enfermera del Frente 19 de las Farc, que combatió en la Sierra Nevada de Santa Marta, se graduó el jueves en La Unión, Valle, junto a otros 64 reincoporados, como operaria de maquinaria amarilla.

“Estamos convencidos de que la vida civil es más fácil, por eso aprovecho esta oportunidad para capacitarnos en diferentes actividades”, dijo Javier Herrera, de 30 años, para quien empuñar las armas ya no hace parte de su proyecto de vida.

Estas personas, que llegaron de distintas regiones, fueron instruidos en los municipios de Toro y La Unión en el manejo de retroexcavadoras y cargadores, lo que les abrirá las puertas del mercado laboral.

Desmovilizada

Carmen Rosa, una de las 65 personas que recibió la formación de la ARN.

Javier Jaramillo / El País - Tuluá

Nelson Darío Velandia, director programático de la ARN, dijo que este proceso, que contó con el apoyo de la empresa privada y la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle, se constituye en plan piloto a niven nacional: “Esta formación hace parte de los modelos de entornos productivos liderados por la ARN en el país, que desde 2018 han beneficiado a 936 excombatientes”.

La capacitación técnica y académica, que les permitirá construir un proyecto de vida desde la legalidad a los reincorporados, fue certificada por la Asociación de Maquinaria Pesada de Colombia, Asomap.

Rechazan jefatura de la UNP

El Partido Farc, en carta al presidente Duque, rechazó el nombramien-
to de Daniel Palacio como director de la Unidad Nacio-
nal de Protección, UNP.

”Por sus fuertes pronunciamientos respecto a los líderes sociales y firmantes de la Paz, es claro que es una persona que no ha transcendido los odios, sin capacidad de resiliencia, sin sensibilidad de entender el el conflicto en toda su dimensión política y humana”, reza el comunicado.

Y agrega: “Un funcionario de estas características no puede ni debe estar al frente de la información vital de los protegidos, su intimidad ni mucho menos frente a la garantía de sus vidas”.

Tras la salida de Pablo Elías González de la UNP y la llegada de Palacios, los exjefes guerrilleros recordaron que este último aseguró que era inadmisible que los “terroristas de las Farc se pavoneen por las calles de Bogotá con la excusa de hacer pedagogía para la paz, sin aún haber confesado sus crímenes ni reparado sus víctimas”.

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