"Colombia debe poner atención a la calidad de la paz": Instituto Kroc

“En 20 meses de implementación hay avances interesantes, pero hay que empezar a poner la atención en la calidad de la paz”. Esa es la principal conclusión sobre la ejecución de los acuerdos de La Habana, según Borja Palanidi, representante en Colombia del Instituto Kroc, escogido por Gobierno y Farc para hacer el seguimiento oficial del proceso.

Paladini señala que la paz se ha empezado a burocratizar, pues “Colombia, a veces, tiene una lógica de que creando instituciones, normas y programas, se resuelven los problemas y, realmente, en los primeros 20 meses se han creado varias instituciones, varios programas y se han puesto en marcha, pero sentimos que hay que ir más allá”.

“Nuestro mensaje es: sigan implementando y estén abiertos a que se ajuste esa implementación a mayores consensos”, le dijo a El País.

¿Cuál es la conclusión más importante de los informes que el Instituto Kroc, que usted representa, ha realizado hasta hoy?
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Que en 20 meses de implementación hay avances interesantes en el desarrollo de las principales normas, instituciones y programas que permiten la implementación del Acuerdo, pero hay que empezar a poner la atención en la calidad de la paz, que tiene que ver con empezar a cambiar las condiciones de vida de la gente, invertir los recursos en los territorios y proveer soluciones a los grandes problemas de desarrollo rural que tiene este país; también con seguir mejorando la calidad de la democracia y con luchar de forma sólida contra las economías ilícitas; con generar respuestas más estructurales a las víctimas, que requieren mayor compromiso para dar sentido a esa gran promesa del Acuerdo de que ellas serán el centro de la construcción de paz en el país.

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¿O sea que ellas no están ocupando el lugar que merecen en la implementación del Acuerdo?
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Este es un Acuerdo innovador en muchos sentidos, uno de ellos es que explícitamente se expresa que la construcción de la paz se hará teniendo a las víctimas como centrales del proceso, lo que se refleja en las circunscripciones especiales para ellas y en mecanismos desarrollados para la reparación individual y colectiva, pero Colombia tiene que pasar de la letra a la acción. Si bien, el Acuerdo en su letra es muy innovador, es necesario que no nos olvidemos que eso se tiene que convertir en acciones concretas. Se ha avanzado de forma efectiva en leyes, normas y programas, pero a veces en la implementación perdemos la necesidad de que las víctimas sean líderes en su proceso de transformación.

¿Se está burocratizando la Paz?
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Colombia tiene una lógica de que creando instituciones, normas y programas se resuelven los problemas y en los primeros 20 meses se han creado varios, pero sentimos que hay que ir más allá. En sí mismo una institución, una norma, un programa no resuelven ningún problema, es la acción de esa política, de esa institución, que ayuda a resolver problemas. Es necesario poner más atención en la presencia del Estado en los territorios, de mayor calidad, más sostenida. La paz se ha centrado mucho en generar espacios de participación, pero con prisa, sin dar tiempo a la gente a que se exprese, son instituciones que llegan y salen en vez de quedarse allá.

Hay que pasar a una lógica de una paz basada en la presencia del Estado, en la generación de espacios sostenidos de concertación, de la suma de voluntades y de reconocer que los territorios tienen recursos sobre los que se pueden construir.

Se dice que se corrió una maratón para firmar el Acuerdo, pero que el ritmo cambió en la implementación, ¿está de acuerdo?
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Durante los últimos 20 años se corrió mucho para poner en marcha la arquitectura institucional del Acuerdo, las normas, las instituciones y los programas, y se llegó a una lógica de ‘sprint’, se corrió mucho, se llegó a la meta con mucho cansancio.

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En la implementación del Acuerdo hay que pasar de una lógica de maratón, quizás no correr tanto, pero sostener el proceso de transformación durante mucho más tiempo. Eso nos lleva a que hay que ponerle una perspectiva de tiempo mucho más realista. Los cambios que trae requieren de 10, 12, 15, 20 años; requieren el compromiso de varios gobiernos, la priorización de recursos, y eso es una lógica más lenta, pero más transformadora.

Había mucha preocupación con respecto al cambio de Gobierno. ¿Cree que hay razones para ello?
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La implementación de un acuerdo de paz es a quince años, la realidad muestra que incluso veinte. Es normal que los procesos sean a largo plazo y que en este tiempo haya una tensión entre implementar lo acordado y ajustar la implementación a nuevas realidades que van surgiendo. Nuestro mensaje es: sigan implementando y estén abiertos a que se ajuste esa implementación a mayores consensos, a lograr que esas cosas que están funcionando se fortalezcan e implementarlas con más profundidad, pero también en las cosas que se muestran que no están funcionando, hay que generar espacios de diálogo y construcción de consensos que ayuden a identificar mayores y mejores respuestas.
Hay que dar tiempo al tiempo, pero también hay que estar abiertos a ajustar esa implementación, a mejorar en la construcción de paz.

Algunos Espacios Territoriales han empezado a quedarse vacíos, ¿es un asunto que debe preocupar?
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Las zonas veredales eran transitorias y los excombatientes tenían que estar allá mientras se producía el proceso de dejación de armas y certificación de su condición de excombatientes. Eso, en gran medida, ya se ha producido. Es normal que los excombatientes busquen desarrollar sus proyectos colectivos o individuales. Algunos están con sus familias, otros se fueron a zonas urbanas donde sienten que tienen más posibilidades, otros están en los espacios veredales, otros están en asentamientos. Es normal que eso ocurra, el reto ahí es buscar formas de no perder a estos excombatientes en el camino y eso requiere un compromiso fuerte del Estado, de los gobiernos y de las autoridades locales. Es normal que un porcentaje de estos excombatientes encuentren un incentivo muy grande en volver a la violencia y algunos lo hagan, pero el gran logro es que ese porcentaje sea pequeño.

Todavía no se sabe del paradero de varios jefes de Farc, entre ellos Iván Márquez, ¿es un mal presagio?
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Es una señal de alerta y de preocupación, pero los mecanismos que recoge el Acuerdo frente a este tema están funcionando, la JEP ya ha requerido a estos pocos excomandantes que no se sabe dónde están, y en el caso de que no cumplan con esos requerimientos entran a una situación en que van a poder ser perseguidos y sindicados.

El porcentaje todavía es pequeño, el reto es buscar la manera de que no se incremente el número de excombatientes que se ven tentados a volver a dinámicas de violencia y hay que permitir que los diversos instrumentos que tiene el Estado de Derecho colombiano, la Fiscalía, la JEP y otro tipo de instrumentos actúen para clarificar cuál es la situación y decidir qué curso tomar.

Ayer, el presidente Iván Duque dejó en firme la extradición a EE. UU. de Santos Román Narváez, quien había intentado evadir su traslado a ese país ‘colándose’ en el listado de exguerrilleros que serán juzgados la JEP.
Alias Román está acusado allá de delitos relacionados con el envío de varias toneladas de cocaína a ese país.

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz fue la encargada de negar su pertenecencia a las Farc, luego de que la Corte Suprema lo solicitara.