Caso Santrich, la prueba de fuego para la Justicia Especial para la Paz

Desde que la Jurisdición Especial para la Paz, JEP, informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no entregó en el plazo fijado las pruebas que presuntamente relacionan a ‘Jesús Santrich’ con actividades de narcotráfico, y que por lo tanto no procedía la extradición, lo ánimos se han caldeado entre los críticos de este tribunal.

Con el hashtag #JepEsImpunidad, varios usuarios de Twitter, entre ellos senadores y representantes del Centro Democrático, cuestionaron con firmeza la labor de la justicia de paz, asegurando que este tribunal está buscando excusas para no extraditar a ‘Santrich’, preso desde abril de 2018.

De hecho, ha sido ampliamente difundido un documento que, para algunos, demuestra que Estados Unidos sí envió las pruebas que evidencian la culpabilidad del exjefe de la guerrilla de las Farc.

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Ante lo cual la JEP respondió que no ha recibido ninguna prueba que permita determinar si el presunto acto criminal se cometió antes del 1 de diciembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz.

Toda la polémica levantada alrededor de este asunto hace pensar en cómo afectaría al tribunal de paz la no extradición de ‘Santrich’, así la decisión que tome se apegue a la ley.

Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, la no extradición del exguerrillero podría afectar a la JEP en cuanto a su credibilidad y legitimidad “ante la sociedad colombiana”.

“La JEP no puede mandar un mensaje de impunidad. En el caso ‘Santrich’, el punto es que si los hechos son posteriores a la firma de los Acuerdos de Paz, se le aplica el régimen común y deben autorizar la extradición, sin hacerle el juego a la posible impunidad”.

Charry advierte que este es “un punto de inflexión” para el tribunal, que se juega su credibilidad, al mostrar si va actuar como una justicia que haga cumplir las reglas de juego a los miembros del grupo guerrillero o no.

Pero para Jairo Estrada Álvarez, miembro del Consejo Político de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, mientras la JEP obre en consonancia con las facultades propias de esa jurisdicción, según la Constitución y la ley vigente, no tendría por qué verse afectada.

“Otra cosa es que hay sectores del establecimiento, especialmente de la derecha, interesados en desprestigiarla. Hay una presión indebida para convertirla en una justicia punitiva y de venganza”, anota Estrada.

Añade que este caso no es una prueba de fuego para esta justicia, si bien es cierto que se trata de un caso importante, “su prueba de fuego está en responder a las expectativas de la sociedad colombiana, de acuerdo con el mandato de una justicia de transición para la superación de un conflicto”.

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Por su parte, la experta en marketing político de la Universidad Externado de Colombia, Katherine González, señala que la JEP se anotó un tanto a su favor, teniendo en cuenta las dudas que había sobre sus actuaciones.

“Al final logran su objetivo de cumplir con lo que le habían dicho a la opinión pública en cuanto a que si no hay pruebas, no se hace la extradición”.

Sin embargo, dice González, también es una carga adicional para las personas que están en contra de este organismo y de sus decisiones:
“Se alimenta la contraparte y los mensajes de la oposición a este proceso, porque el mensaje que manda la JEP es que efectivamente lo acordado en La Habana está por encima de cualquier tratado internacional de extradición”.

Asimismo, María del Pilar Arango, presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Rama Judicial, Asonal S.I., seccional Bogotá, cree que la JEP está haciendo “la tarea que debe”, aunque a muchos pueda no gustarle.

“El trabajo de los jueces y los magistrados tiene esa naturaleza: la mitad puede estar contenta con determinadas decisiones que se tomen y la otra mitad no; porque a la mitad le dices que sí a la otra mitad le dices que no. Pero hay que hacer lo que corresponde”, señala Arango.

Durante la instalación de la mesa técnica para la preservación de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, se escucharon voces para que se realice un adecuado manejo de esos expedientes con el fin de que contribuyan a esclarecer algunos episodios del conflicto colombiano.

La mesa es presidida por el magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien escuchó a delegados de entidades gubernamentales, organismos multilaterales internacionales y colectivos de derechos humanos.

Voceros de estos últimos señalaron que existe un riesgo latente en la conservación de los miles de expedientes relacionados con inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados de la desaparecida entidad.

Sebastián Escobar Uribe, quien dijo representar a varias organizaciones, entre ellas el colectivo José Alvear Restrepo, solicitó que los archivos sean declarados como documentación de derechos humanos toda vez que desde el DAS se concertaron violaciones a los derechos humanos.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia explicó que el proceso que se surte contra el exsenador Musa Besaile, por el denominado ‘Cartel de la Toga’, fue remitido a la JEP porque el dinero que se presume canceló fue para evitar un proceso por parapolítica, por lo que tiene relación indirecta con el conflicto armado.

Con la providencia de 31 páginas que hoy reposa en la JEP, se abre la brecha a considerar que cualquier delito que tenga relación indirecta con el conflicto armado podría hacer trámite para llegar a la justicia transicional, si así lo considera el procesado.

“El que se trate de conductas relacionadas con el fenómeno de la corrupción, se reitera, no comporta necesariamente desconexión con el conflicto armado”, dice la providencia.

En este caso, la JEP tiene 45 días hábiles para resolver la solicitud de Besaile y su defensa, y si finalmente la justicia especial decide no acogerlo, el expediente será devuelto a la Corte para que siga el curso habitual.