Política

Ricardo Roa, exjefe de campaña de Petro Presidente, no aceptó cargos por violación de topes electorales

El ente acusador aseguró que la campaña superó los montos establecidos y no los declaró, en el marco de la primera y segunda vuelta electoral del 2022.

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Los procesos relacionados con presuntas irregularidades en la campaña presidencial que enredan a Ricardo Roa también se sumaron a la reasignación.
Ricardo Roa fue jefe de la campaña electoral que llevó a Gustavo Petro a la presidencia y ahora es presidente de Ecopetrol. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

12 de may de 2026, 12:39 p. m.

Actualizado el 12 de may de 2026, 12:39 p. m.

Durante una audiencia virtual, realizada este lunes, la Fiscalía General de la Nación imputó a Ricardo Roa Barragán por el presunto delito de violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales, en particular la de ‘Petro Presidente 2022′, de la que Roa fue gerente.

El hoy exgerente de la campaña que llevó a Petro a la presidencia, y que ejerce como actual presidente de Ecopetrol, no aceptó los cargos ante el juez. “No acepto los cargos, su Señoría, soy inocente”, dijo Roa en la audiencia.

De acuerdo con el ente acusador, “en su calidad de gerente y administrador de los recursos de la campaña ‘Petro Presidente 2022’ habría permitido que los gastos electorales superaran los topes fijados por la autoridad electoral en 1.388 millones para la primera vuelta y 276 millones de pesos para la segunda vuelta”.

El fiscal Elkin Ardila Espinosa, del juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, reveló información de los gastos de la campaña que no fueron reportados al CNE, pero que en investigación de las autoridades se habría confirmado que se realizaron.

La audiencia de imputación de cargos contra el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, ha revelado una serie de hallazgos.
Pese a declararse inocente, Roa deberá demostrarlo. La Fiscalía indicó que tiene suficiente material probatorio en su contra. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (La fiscalía)

Estos gastos que habrían excedido los topes estarían asociados a “ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña, piezas publicitarias y aportes de un sindicato”, informó la Fiscalía.

Roa es juzgado debido a que en su labor de dirección y gestión de los recursos para la campaña habría permitido que excedieran el techo legal fijado por las autoridades electorales y tampoco habría declarado los montos reales en el aplicativo Cuentas Claras.

Según la Fiscalía él reportó en el aplicativo Cuentas Claras y ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un balance contable de ingresos y egresos que aparentemente cumplía los requisitos de ley, pero dejó por fuera grandes sumas de dinero que habrían ingresado a la campaña.

La Fiscalía cuenta con elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida, en los que se demostraría que la campaña para la primera vuelta superó el tope permitido y habría dejado de declarar 1.388 millones de pesos. Mientras que en la segunda vuelta se pasaron el límite en 276 millones.

Gustavo Petro insiste en respaldar a Ricardo Roa, pero la decisión del CNE más la imputación en su contra por parte de la Fiscalía lo ponen en serios aprietos.
Ricardo Roa fue el gerente de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. | Foto: HEIDY LEÓN/ PRESIDENCIA

En declaraciones recogidas por Semana, el fiscal detalló que “en la primera vuelta la campaña reportó en cuentas claras gastos por 28,384.680 y a ese valor se le suman los gastos no reportados o reportados parcialmente, los cuales suman 1.193.929,890 pesos, así como el ajuste neto por reclasificación entre vueltas equivalente a 345.982.836, entonces tenemos que haciendo estos cálculos”.

La investigación es dirigida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien descubrió que los desembolsos y costos generados en primera vuelta, al parecer, fueron reportados en los informes de segunda vuelta; y muchas de las inversiones de segunda, en los registros de primera vuelta. Algo que sería aclarado más adelante en el proceso judicial contra Roa.

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