Ricardo Roa y las omisiones contables que detonaron su imputación; estos son los gastos bajo sospecha

El panorama judicial para el presidente de la estatal petrolera Ecopetrol se ha tornado crítico este viernes 8 de mayo. En una audiencia virtual ante el juez 35 de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Ricardo Roa Barragán por el delito de violación de límites o topes de gastos en campañas electorales.

El proceso se centra en su rol como gerente de la campaña “Petro Presidente 2022”, donde, según el ente acusador, se habrían omitido reportes financieros obligatorios y excedido los techos permitidos por la ley.

Durante la diligencia, el fiscal Elkin Ardila Espinoza fue enfático al señalar que Roa, en su calidad de gerente, tenía la responsabilidad directa de la administración financiera y la ordenación del gasto.

La Fiscalía sostiene que bajo su dirección se ejecutaron gastos reales por 29.924 millones de pesos en la primera vuelta, superando el límite establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de 28.536 millones. “Usted tuvo a su cargo esa gerencia. No fue otra persona; precisamente se le designó a usted”, afirmó el fiscal durante la imputación.

La investigación detalla al menos 13 eventos específicos donde se habrían presentado irregularidades.

Entre los hallazgos más relevantes, el ente investigador subrayó la omisión de aportes de la Unión Sindical Obrera (USO) por 292 millones de pesos, destinados a refrigerios y transporte, así como inconsistencias con empresas como Cinema Color SAS, donde se habrían dejado de reportar 107 millones de pesos por servicios audiovisuales.

Estos movimientos habrían generado un exceso de 1.388 millones de pesos solo en la primera etapa electoral.

Otro de los puntos neurálgicos de la imputación involucra al Polo Democrático Alternativo. Según el fiscal Ardila, un préstamo de 500 millones de pesos desembolsado en mayo de 2022 no fue reflejado debidamente en la rendición de cuentas ante el aplicativo Cuentas Claras.

Para la justicia, estas acciones no fueron errores administrativos aislados, sino conductas cometidas a título de dolo, dado que Roa conocía los topes máximos y los deberes legales de transparencia exigidos por el CNE.

En la segunda vuelta presidencial, la situación no habría sido distinta. La Fiscalía documentó gastos no reportados por cerca de 345 millones de pesos. Además, se detectó una presunta “indebida imputación contable”, donde gastos de logística y pauta publicitaria con Caracol Televisión, correspondientes cronológicamente a la primera vuelta, fueron registrados en la segunda para intentar cuadrar los balances financieros ante las autoridades electorales.

Este es el segundo proceso penal que enfrenta el alto funcionario, quien ya es investigado por presunto tráfico de influencias en un caso relacionado con la compra de un inmueble.