¿Qué es lo que buscan ajustar en la Ley de Garantías?

El ajuste a Ley de Garantías camina a paso firme en el Congreso de la República. Hace dos semanas las comisiones primeras de Senado y Cámara, en sesión conjunta, dieron ‘luz verde’ al proyecto que fue radicado en noviembre del año pasado y que permitiría que alcaldes, gobernadores y demás entes territoriales celebren convenios interadministrativos con entidades del orden nacional en época electoral.

Desde que en 2005, con la figura de la elección presidencial, entró a regir la Ley de Garantías en Colombia, a través de la cual se limita a los servidores públicos para contratar obras durante elecciones, se ha conocido de los reclamos de mandatarios regionales, pues, según ellos, esto afecta el cumplimiento de sus programas de Gobierno.

Con la eliminación de la reelección, desde muchos sectores se ha pedido acabar también con esa norma. Por eso, a principios de abril, el Gobierno radicó en el Congreso de la República el mensaje de urgencia para que la iniciativa fuese tramitada. Sin embargo, hay quienes consideran que esta modificación podría traer corrupción en las elecciones.

Para el senador Fabio Amín, ponente del proyecto en el Senado de la República, no tiene sentido mantener esta ley vigente que se hizo bajo la figura jurídica de la reelección presidencial.

“Desde noviembre de 2017 hasta julio de 2018, las alcaldías y los departamentos estuvieron en Ley de Garantías, previo a la elección de Congreso y luego a la primera y segunda vuelta presidencial. No tiene sentido, los municipios y los departamentos no tienen mayor incidencia, no afectan el debate electoral presidencial y menos cuando no hay una reelección”, señala.

Por su parte, el senador Gabriel Velasco, uno de los congresistas que radicó la iniciativa en el legislativo, coincide con que esta norma buscaba generar las garantías para que no hubiese incidencia del Gobierno de turno en su posible reelección a través de la contratación estatal.

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“Una vez se eliminó la figura de la reelección en Colombia, no tiene sentido mantener la norma que impide las relaciones interadministrativas entre departamentos y municipios con la Nación, pero sí genera parálisis y obstáculos para que las regiones y los territorios avancen en las inversiones necesarias para su desarrollo”, dice el senador del Centro Democrático.

Sin embargo, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, tiene reparos. Señala que aunque esta ley pretende que no se pueden hacer convenios interadministrativos para favorecer entes territorales, en elecciones presidenciales esto es independiente de si hay reelección o no.

“Si tú tienes un Presidente de la República que es de el partido político X, ese presidente puede tener el interés de intervenir el proceso electoral y hacer convenios interadministrativos con determinadas gobernaciones o municipios, entonces a esas gobernaciones y municipios termina brindándoles músculo porque les entrega más recursos”, indica Barrios.

Aunque dice que para la MOE el principal problema es que no hay ningún mecanismo de control frente a los convenios interadministrativos.

“Nuestra pelea no es con los convenios interadministrativos, háganlos si consideran que eso hace el Estado más eficiente, nuestro problema es que no se creó un solo mecanismo de control y seguro que si se acepta esa reforma, en los próximos procesos electorales vamos a empezar a ver picos en la firma de esos convenios, que nadie va a vigilar y no hay ninguna institución a la que se le entregue esa capacidad de control”, enfatiza.

Andrés Hernández Montes, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, señala que “es claro que la gestión pública no se puede paralizar, sin embargo, no podemos eliminar de manera automática varias de las medidas incluidas en esta Ley de Garantías sobre financiación de campañas políticas, pues traería riesgos de corrupción complejos”.

“Desde transparencia por Colombia consideramos que lo importante es poder separar las discusiones, si el problema está realmente en que limita la capacidad de gestión de las gobernaciones y las alcaldías, pensemos en un modelo alrededor de eso sin eliminar por completo las medidas que vienen contempladas en la Ley y sin perder los controles que tenemos alrededor de estos procesos de gestión pública”, sostiene.
El senador Amín aclara que la iniciativa no busca eliminar la Ley de Garantías, sino “reglamentar las normas de las garantías electorales, de acuerdo al mismo nivel de Gobierno donde se vaya a ocurrir las elecciones”.

Luego de salir del Legislativo, la ley tendría que pasar por la Corte Constitucional, lo que implicaría que no alcanzaría a aplicar en las próximas elecciones. Si la norma pasa también en las plenarias de Cámara y Senado, entraría en vigencia el próximo año, pero los efectos de su operación se reflejarían en las elecciones de 2022.

La situación ha generado quejas entre quienes creen que no era necesario el mensaje de urgencia para este trámite si no podrá entrar en vigencia para los comicios de octubre.

El propio senador Amín reconoce que “no necesitaba ser sacada antes del 20 de junio, a menos que por los términos del trámite hubiese perdido vigencia, pero no va a ser de ninguna manera el afán lo que haga que se aplique en las elecciones locales que vienen”.

En 2015, el entonces presidente Juan Manuel Santos intentó eliminar la Ley de Garantías, porque frena pero no hubo eco ni tiempo en la agenda del Congreso.

La reforma modificaría el parágrafo del Artículo 38 de la Ley 996 del 2005 para que se permitan los convenios interadminis- trativos entre el nivel nacional y el territorial, pero que se prohiban entre entidades del mismo nivel.

Así, según los autores de la iniciativa, se dará la posibilidad a los territorios de cumplir con sus objetivos constituciones y sus planes de desarrollo.