Polémica por presencia de Susana Muhamad en manifestación vandálica en la sede del ICBF; esto respondió la exministra de Petro

La presencia de la exministra de Ambiente Susana Muhamad en las recientes manifestaciones frente a la sede principal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Bogotá ha causado revuelo en el ámbito político.

Cabe recordar que las manifestaciones eran denominadas como la marcha “Las niñas resisten”, debido al malestar generado por la decisión institucional de no emplear el término “niñas” para dirigirse a las menores de edad.

El evento, que derivó en alteración del orden público y afectaciones con pintura sobre la fachada de la entidad, generó reacciones de apoyo y rechazo. Mientras diversos sectores señalaron un presunto uso político de la movilización social, Muhamad defendió su asistencia e insistió en que el acto no constituyó una conducta vandálica, sino el ejercicio legítimo del derecho constitucional a la protesta.

“Aquí lo importante es por qué niños y niñas salen a protestar frente al instituto, que tiene el deber legal de protegerlos, porque la directora ha decidido quitar la palabra niña y, como nos lo contaron ayer, para ellas esto es una violación de sus derechos”, afirmó Muhamad.

La exjefa de la cartera ambiental desestimó los señalamientos de instrumentalización y sostuvo que la intervención con grafitis responde a una muestra de indignación ciudadana frente a lo que considera una vulneración discursiva hacia la infancia.

“Y no hubo vandalismo porque, mientras la violencia de la directora, que debe proteger la niñez, con el uso del lenguaje se ejerce sobre ellas, las niñas salen a indignarse y responden en su libertad de expresión pintando unos grafitis en la sede. Eso no es vandalismo, eso es el derecho constitucional a la protesta pacífica”, aseveró.

Por su parte, Carolina Restrepo Cañavera, directora del ICBF, reaccionó cuestionando el rol de los adultos presentes en la jornada. Sin responsabilizar a los manifestantes menores de edad, la funcionaria advirtió sobre los intereses políticos y económicos que giran en torno a una entidad que maneja un presupuesto cercano a los 12 billones de pesos.

“En la selva aprendimos a mirar detrás del niño con un fusil. Aquí también tendremos que aprender a mirar detrás del niño con una pancarta. No son las mismas conductas, pero ningún adulto tiene derecho a convertir a un menor en instrumento de su poder, de su negocio o de su causa”, enfatizó Restrepo.

El cruce de posturas reabre el debate sobre los límites de la manifestación pública, la protección integral de la niñez y el peso de las disputas ideológicas en la gestión de los recursos estatales destinados a la infancia.