Congresistas denuncian presuntas irregularidades en la experiencia laboral de la directora del Icbf

El senador Duvalier Sánchez y el concejal de Bogotá Julián Triana anunciaron que acudirán a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación para solicitar que se investiguen posibles inconsistencias en los documentos presentados por María Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), para acreditar su experiencia profesional.

Los integrantes de la Alianza Verde hicieron públicos sus cuestionamientos a través de un video en el que expusieron dudas sobre una certificación laboral que habría respaldado la trayectoria de Restrepo antes de asumir la dirección de la entidad. Según explicaron, el documento señala que trabajó desde 2002 en la firma Restrepo Cañavera SAS, vinculada a su entorno familiar.

Uno de los aspectos que genera interrogantes es que, de acuerdo con los denunciantes, la certificación habría sido suscrita por Erika Jiménez, quien se desempeñaba como auxiliar administrativa de la compañía. Sánchez cuestionó que se utilizara ese soporte para acreditar la experiencia de la funcionaria y planteó dudas sobre la validez del procedimiento.

Por su parte, el concejal Julián Triana aseguró que los registros mercantiles consultados indicarían que la sociedad fue constituida en el año 2004, dos años después de la fecha de inicio laboral consignada en el documento. Además, señaló que Carolina Restrepo habría quedado formalmente vinculada a la empresa en 2006, lo que abriría interrogantes sobre el periodo de experiencia certificado.

Los políticos sostienen que estas diferencias deben ser revisadas por los organismos competentes para establecer si existieron irregularidades en la documentación presentada.

Cuestionamientos por un contrato con el Icbf

Otro de los puntos expuestos por los congresistas denunciantes tiene que ver con Erika Jiménez. Según el concejal de Bogotá Julián Triana, después de dejar de trabajar en la firma privada, Jiménez habría tenido vínculos laborales con otra compañía y posteriormente habría recibido un contrato de prestación de servicios con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

De acuerdo con la información divulgada, el contrato habría tenido una duración de tres meses y un valor de al menos $25 millones. Duvalier Sánchez afirmó que Carolina Restrepo habría tenido responsabilidades de supervisión sobre ese vínculo contractual.

Los congresistas cuestionaron la secuencia de estos hechos y señalaron que el contrato habría sido terminado después de que solicitaran información sobre los soportes de experiencia de la directora. Sin embargo, estas afirmaciones deberán ser contrastadas por las autoridades antes de establecer si hubo alguna conducta irregular.