Directora del ICBF denunció corrupción en un contrato por más de $400 millones para arrendar un lote en Sevilla, Valle

María Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por nombramiento del presidente De la Espriella, realizó en las últimas horas una seria denuncia sobre un posible caso de corrupción al interior de esta entidad y comprometería a funcionarios de la seccional Valle, en particular del municipio de Sevilla.

Según un boletín del ICBF, durante su visita al departamento del Valle del Cauca, en el marco del seguimiento a los centros zonales afectados tras el terremoto del pasado 10 de agosto, que afectó severamente el suroccidente de Colombia, Restrepo “recibió documentación relacionada con un contrato de arrendamiento celebrado en el municipio de Sevilla para trasladar el centro zonal de esa ciudad”.

La información que tendría en su poder la directora del ICBF indicaría que se hicieron pagos de este contrato por más de $400 millones de pesos hasta el pasado 31 de julio de 2026. El objetivo de esta inversión era realizar el traslado de un centro zonal a un nuevo predio, pero como indica la entidad, “el traslado del centro zonal nunca se materializó y el inmueble no fue utilizado para la prestación del servicio”.

Lo anterior encendió las alertas de un posible caso de corrupción al interior del ICBF, aunque hasta el momento no hay mayores detalles. Sin embargo, la directora aseguró que enviará los documentos en su poder a los organismos de control para que adelanten la investigación pertinente.

Otro de los hallazgos que reveló Restrepo es que, adicionalmente, “antes del 7 de agosto se realizó una adición y prórroga al contrato para extender su vigencia hasta el 31 de octubre de 2026, aun cuando el traslado no se había efectuado”.

La funcionaria aseguró que “los documentos y evidencias serán puestos en conocimiento de los órganos de control para que se realice la investigación correspondiente y se determinen las responsabilidades y las medidas a que haya lugar”.

De acuerdo con el ICBF, el contrato habría sido suscrito el 24 de diciembre de 2025. Pero, en los meses siguientes, cuando debía ejecutarse, “no se realizaron las adecuaciones necesarias para efectuar el traslado y prestar allí la atención a la ciudadanía, por lo que los colaboradores continuaron trabajando en la sede que venían utilizando”.

Sin embargo, señala la entidad, “el contrato no solamente continuó vigente, sino que fue objeto de una adición y prórroga”.

Por otro lado, esta semana también se conoció que Restrepo denunció ante la Fiscalía tres perfiles de redes sociales desde los cuales estaría recibiendo amenazas por su desempeño en la entidad. Al respecto, el presidente De la Espriella la respaldó.