Partido de la U denuncia graves amenazas contra sus líderes más visibles; estos son los políticos que estarían en riesgo

El Partido de la U manifestó este viernes, 29 de agosto, su profunda preocupación por las reiteradas amenazas e intimidaciones que en los últimos meses han recibido varios de sus líderes y gobernantes más representativos en diferentes regiones del país, una situación que, aseguran, pone en riesgo el ejercicio de la democracia y la seguridad de quienes trabajan en la vida pública.

Mediante un comunicado, la dirección colegiada de la colectividad hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, y de manera particular a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que se adopten “medidas urgentes que garanticen la vida e integridad” de sus miembros. “La intimidación y las amenazas contra nuestros miembros han aumentado en los últimos meses”, señaló el partido en su comunicación.

La denuncia del partido se da en un contexto de alta tensión para sus figuras más visibles. Uno de los casos más graves es el de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, contra quien informes de inteligencia confirmaron recientemente la existencia de un plan para atentar contra su vida y la del alcalde de Cali, Alejandro Éder. Las autoridades atribuyeron el plan a la columna ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de las Farc.

Otro de los amenazados es el codirector del partido y exregistrador Nacional, Alexander Vega Rocha. Aunque los detalles específicos de las intimidaciones recientes no han trascendido, su anterior cargo lo mantuvo en una posición de alto riesgo, llegando a denunciar en 2023 amenazas de grupos armados ilegales contra funcionarios de la Registraduría y el proceso electoral.

La lista de amenazados que reporta el partido también incluye al representante a la Cámara por el Magdalena, Hernando Guida Ponce, y a otros militantes en diversas regiones, aunque no se ofrecieron detalles sobre la naturaleza o el origen de estas intimidaciones.

El Partido de la U recordó en su comunicado que “proteger la vida, bienes y honra de los colombianos, en este caso de líderes políticos y gobernantes, es una obligación constitucional del Estado”. Por esta razón, solicitaron que se atiendan las solicitudes de protección que han realizado de manera reiterada para reforzar los esquemas de seguridad de sus líderes.

La colectividad reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos, y concluyó que no permitirán que “el miedo y la violencia silencien la voz de quienes trabajan por un futuro mejor para todos los colombianos”. Esta alerta se suma a la de otras organizaciones políticas que también han denunciado un incremento en la violencia contra sus dirigentes en el último año.